Presionan a los supervisores de L.A. para que el jefe del sheriff McDonnell rompa lazos con ‘la migra’

A pesar de que en repetidas ocasiones el jefe del Departamento del Sheriff de Los Ángeles ha dicho que trabaja en favor de la comunidad indocumentada, un grupo de derechos civiles, activistas y religiosos afirman lo contrario.

El grupo busca que los supervisores del condado de L.A., quienes a menudo defienden los derechos de este sector, investigue los lazos entre la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el jefe Jim McDonnell, así como el quebrantamiento de la ley “santuario”.

Las más de 35 organizaciones expresan su preocupación a través de una carta que le ha sido enviada a la junta.

La misiva que incluye a activistas de CHIRLA, ACLU, NDLON, Central American Resource Center (Carecen) y Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE), declara en parte que el “sheriff McDonnell ha adoptado y defendido políticas, que implican al Condado en la aplicación de la inmigración fuera de control y por lo tanto son perjudiciales para la seguridad de los residentes del Condado”.

Agrega que las preocupaciones han aumentado a la luz de las prácticas atroces recientes de ICE, dirigidas a los residentes (incluida una redada dirigida a 150 residentes a principios de este mes) y la oposición activa de McDonnell y la Asociación Nacional de Sheriffs a la Ley de Valores de California SB-54, mejor conocida como ley “santuario”.

La carta describe la participación afirmativa del Sheriff tanto “directa como indirectamente” en la aplicación de la ley de inmigración afirmando que ha facilitado activamente las transferencias a las autoridades de inmigración, brindando acceso “a pedido” a las bases de datos del Condado, compartiendo afirmativamente información sobre liberaciones inminentes desde la cárcel o el tribunal, y transfiriendo directamente a los residentes del Condado a la custodia de ICE.

El problema es que las familias siguen siendo separadas, muchos de los detenidos no son criminales peligrosos, sino gente que fue arrestada por leves infracciones y el sheriff sobrepasa los mandatos del condado y los del estado, aseveran los grupos.

Recientemente, activistas de ICE Out of LA pidieron también acción de parte de los supervisores para desmantelar el trabajo entre el sheriff y ICE.

“El Sheriff McDonnell no ha sido honesto sobre cómo su departamento ayuda con la sádica campaña de la administración Trump, para perseguir a los inmigrantes”, dice Carlos Amador, del Centro de Política de Inmigrantes de California y miembro de ICE Out of LA.

“Incluso mientras pretendía entender a los inmigrantes, envió a miles de personas vulnerables a las garras de ICE”, agrega Amador sobre las 2,100 personas bajo custodia federal en el 2016 y 2017.

McDonnell

En entrevistas con Hoy, McDonnell detalla que es mejor cooperar con “la migra” dentro de las cárceles para que ellos no esperen afuera por cualquier individuo inocente.

Sostiene querer ayudar a la comunidad inmigrante, pero seguir trabajando de cerca con las autoridades federales cuando se trata de deportar criminales peligrosos.

No obstante, en junio un tribunal federal de California reafirmó su fallo de acción de clase en el sentido de que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles detuvo ilegalmente a miles de sospechosos inmigrantes, en base a solicitudes inconstitucionales de ICE conocidas como detenciones de inmigración.

La decisión del tribunal confirma que los demandantes en la acción tienen derecho a daños monetarios para compensar sus detenciones ilegales.

La decisión del tribunal es el último capítulo en la acción de clase innovadora Roy v. Condado de Los Ángeles, presentada por una clase de individuos detenidos ilegalmente en la cárcel del condado, con representación de la Fundación ACLU del Sur de California, la Red Nacional de Organización de Trabajadores Diurnos (NDLON ), el bufete de abogados de Kaye, McLane, Bednarski & Litt, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.

“La decisión de la corte reivindica años de trabajo de la comunidad de inmigrantes de Los Ángeles para desafiar los abusos del departamento del sheriff. Es una prueba más para la aplicación de la ley local que habrá consecuencias por colaborar con el asalto inconstitucional de ICE a los inmigrantes”, dijo Jessica Bansal, directora de litigios de NDLON.

Podría haber cambios en un futuro

Mientras que los supervisores se ha quedado callados tras los alegatos, el panel de ciudadanos del condado, el cual ve de cerca el trabajo del departamento del sheriff, ya tiene su ojo en este tema al estar trabajando en medidas más rigurosas para que haya menos cooperación entre el sheriff y ICE.

Hernán D. Vera, presidente del comité ad-hoc de inmigración de la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff, argumenta que a pesar de que la aprobación del Proyecto de Ley SB-54, referido como una ley del “estado santuario”, ya limita la capacidad de la policía estatal y local para trabajar con ICE, se necesita aún más a nivel local.

Vera sostiene que el panel da sus sugerencias, pero los funcionarios del condado deben decidir al final cómo gastan sus recursos en facilitarle o no a las autoridades de inmigración, ciertos individuos.

Entre las recomendaciones preliminares el comité considera que el Departamento del Sheriff no debe retener a los presos indocumentados más tiempo de su fecha de liberación, ya que con esto ICE tiene más tiempo para ponerlos en custodia.

El panel también busca que el Sheriff no difunda información sobre el estado de la liberación u otra información confidencial de los reclusos, ya que estos corren el riesgo de ser detenidos inclusive afuera de las cárceles.

Sin embargo, no todos los integrantes del panel están de acuerdo con limitar el trabajo con ICE.

Robert C. Bonner, presidente de la comisión de supervisión civil, dice oponerse a una política en la que el departamento no respete las retenciones de inmigración de ICE.

No se sabe cuándo el comité pondrá el tema una vez en discusión. Sin embargo, los activistas prometen que si McDonnell resulta elegido una vez más en las próximas elecciones, estos van a pedir que el condado lo destierre de su posición.