Pomona aprueba ordenanza que asegura implementación de Ley Santuario

A pesar de la oposición de una minoría de los residentes, el concejo municipal de Pomona finalmente aprobó una ordenanza que le asegura a sus habitantes la implementación estatal de la Ley Santuario.

Cerca de 300 activistas y residentes de la comunidad empujaron la ordenanza, con la queja de que en ocasiones anteriores la policía local les ha quitado sus vehículos, por no tener la licencia de conducir o los ha enviado a la cárcel por no mostrar una identificación de California.

Tras la aprobación de la ordenanza, este lunes, hubo algunos habitantes que se opusieron, alegando que la protección de indocumentados en el país es ilegal.

Pat Jones, residente de Pomona, destacó que este sector “está burlando las leyes federales, y no debería de tener más derechos”.

“No me opongo a la inmigración si lo hace de la manera legal, si espera en la línea como el resto, pero si viene a mi país a decirme cómo quiere ser tratado después de reírse de las autoridades, eso me incomoda demasiado”, dijo el señor.

Por su parte, Ginna Escobar, concejal de la ciudad, recalcó que la ordenanza es necesaria.

“La gente vive con miedo. Tienen miedo y así no se pueden vivir”, dijo Escobar, agregando que la comunidad busca de diferentes formas obtener los documentos legales para vivir en el país, pero muchas no pueden lograrlo.

Asimismo, el alcalde Tim Sandoval señaló que las personas no abandonan sus países porque tienen un deseo de mudarse.

“Se van porque enfrentan situaciones que les dificultan quedarse. Buscan un futuro mejor”, agregó Sandoval.

Los grupos proinmigrantes pidieron al consejo que adoptara una ordenanza que colocaría las políticas de la ciudad en línea con los requisitos establecidos por el Proyecto de Ley 54 del Senado.

Formalmente esa iniciativa es conocida como la Ley de Valores de California y promulgada en octubre por el gobernador Jerry Brown.

La ley estatal prohibirá que las autoridades locales y estatales utilicen sus recursos para llevar a cabo actividades federales de aplicación de la ley de inmigración, que incluye investigar, interrogar, detener o arrestar personas.

“Este logro viene de años de protestas y plantones afuera del ayuntamiento, pidiéndole a los funcionarios que la policía local nos trate de forma justa”, aseveró Ramón Gutiérrez, activista comunitario.

“Pomona también ha sido una de las ciudades que en muchas ocasiones trató mal a los jornaleros. En esta ocasión teníamos que asegurarnos de que cumpliera la ley estatal”, dijo Gutierrez.

La ordenanza de Pomona asegura que “la política de la ciudad sigue en conformidad con la ley estatal sobre el tema, en particular, el requisito bajo la SB 54 de que las ciudades no participen en fines de aplicación de inmigración, excepto en circunstancias específicas” como casos en que se emite una orden judicial.

La ciudad también tendrá prohibido celebrar acuerdos a menos que cumplan con la SB 54.

“SB 54 requerirá que los departamentos de policía presenten un informe anual al Departamento de Justicia de California, con detalles de su participación en cualquier fuerza de tarea conjunta de aplicación de la ley”, según el informe.

“Bajo la ordenanza de la ciudad, el administrador de la ciudad de Pomona debe proporcionar la misma información al Concejo Municipal cuando se presente al estado”, se agrega.

Además, el administrador de la ciudad será responsable de desarrollar e implementar materiales de capacitación para el personal de la ciudad en lo que respecta a los requisitos de la SB 54.