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Políticos y activistas arremeten contra las acciones ejecutivas de Trump

Senadora Kamala Harris dijo que las órdenes de Trump "dañarán la seguridad del público, desgarrarán a las familias y pondrán en peligro la seguridad nacional”.

Senadora Kamala Harris dijo que las órdenes de Trump “dañarán la seguridad del público, desgarrarán a las familias y pondrán en peligro la seguridad nacional”.

(AP)

Tras la acciones ejecutivas de Donald Trump sobre la construcción del muro fronterizo y la retención de fondos para las llamadas “ciudades santuarios”, políticos y activistas comunitarios no tardaron en rechazar las medidas.

Entre las acciones dadas a conocer por el mandatario se encuentra restaurar el programa de “Comunidades Seguras”, el cual fue declarado anticonstitucional por violar los derechos civiles de los detenidos.

De acuerdo a las Cortes, Comunidades Seguras no es constitucional, por lo que fue reemplazado en el 2015 por el Programa de Deportación Prioritaria, que se enfoca en los inmigrantes con antecedentese criminales peligrosos.

Ante ese panorama, la ciudad de Los Ángeles comenzó a prepararse para un posible conflicto con el gobierno federal por la retención de fondos federales.

Con una votación de 11-0, el consejo aprobó hace unos días una moción presentada por el presidente del concejo, Herb Wesson, que pide al personal de la ciudad someter estrategias para “proteger” a los inmigrantes y obtener un estudio para la mejor comprensión del ingreso de fondos así como un inventario de fondos federales, subvenciones y préstamos que recibe la ciudad.

Los Ángeles recibe un total del 500 millones en fondos federales por año.

Desde la elección de Trump en noviembre, tanto el alcalde Eric Garcetti como Charlie Beck, jefe de LAPD, afirmaron que los agentes no actuarán como agentes de inmigración”, una promesa que han reiterado ante el público.

Se calcula que la ciudad de Los Ángeles cuenta con unos 850 mil inmigrantes indocumentados mientras el condado alberga a unos 3.8 millones.

Según un análisis del Center for American Progress, una estrategia de deportación masiva costaría un promedio de 10,070 dólares por persona.

El concejal Gil Cedillo, por su parte, dijo que muchos residentes han expresado su preocupación respecto a posibles cambios en las leyes locales. Sin embargo, aclaró que como concejal de la ciudad de Los Ángeles “es nuestra responsabilidad proteger y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes sin importar su origen, religión, lenguaje, orientación sexual, genero o estado migratorio”, dijo Cedillo.

Kica Matos, portavoz del Movimiento de Reforma de Inmigración Justa (FIRM) dijo: “El presidente Donald Trump declaró la guerra a las familias de inmigrantes apuntando a las ciudades que les ofrecen protección contra políticas agresivas”.

“Trump también reiteró su deseo de construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México y crear más áreas de detención a lo largo de la frontera. Trump debe centrarse en la construcción de infraestructura como carreteras y puentes en lugar de centrarse en una pared”, agregó la activista.

La senadora Kamala Harris, dijo que las órdenes de Trump “dañarán la seguridad del público, desgarrarán a las familias y pondrán en peligro la seguridad nacional”.

“Forzar a los contribuyentes a pagar la factura por un muro no es una solución, es un gesto con transfondo político”, acotó Harris.

“Y decirle a las ciudades que deben negar la seguridad, educación y atención de la salud a los niños y familias que viven dentro de su jurisdicción no nos hará más seguros. En lugar de ello, significará menos colaboración con las autoridades por temor”, dijo Harris.

Por su lado, el congresista Ted Lieu (D-Los Ángeles) dijo: “Estos son tiempos serios que requieren soluciones serias”.

Y agregó: “Sí, la seguridad fronteriza es un pilar de reforma inmigratoria integral, pero un enorme muro no nos hará más seguros, ni moralmente rectos, y no ayudará a reducir el déficit o fortalecer nuestra economía”..

Rusty Hicks, secretario ejecutivo tesorero de la Federación de Trabajo, apuntó que su organización seguiría apoyando a los aproximadamente 1 millón de inmigrantes que viven en el Condado de Los Ángeles ilegalmente.

“Ya hemos reforzado la protección de los trabajadores inmigrantes
a través de convenios colectivos”, dijo Hicks. “Ahora, con nuestros legisladores estatales y la Junta de Supervisores del condado, vamos a organizar a los100 abogados que tenemos para crear una fuerza mucho más grande y asegurarse de que cada inmigrante tenga un abogado para defender sus derechos a un proceso justo”, agregó.

Lorena Gonzalez Fletcher (D-San Diego), vicepresidenta de Latino Caucus, sostuvo que el presidente pondrá en peligro la vida de miles de familias y niños inocentes que vienen huyendo de sus países, llamando la acción de Trump como un gesto “vergonzosamente antiamericano.

“Mi distrito es uno de los más diversos conjuntos de barrios en todo el país. Yo represento a comunidades de inmigrantes que incluyen la frontera con México, así como una de las comunidades de refugiados más grandes de nuestra nación en City Heights. Las acciones de Donald Trump son hoy en día contrarias a nuestros valores estadounidenses más básicos de compasión e inclusión”, dijo Fletcher.

Las acciones de Trump coincidieron con la primera reunión este miércoles por la noche de un comité del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles sobre asuntos de los inmigrantes.

Entre los temas de la agenda está una reafirmación de la Policía de Los Ángeles en respecto a la Orden Especial 40, que impide a los oficiales detener a las personas únicamente para interrogarlos sobre su situación migratoria.


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