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‘No voy a hacer de Fresno una ciudad santuario’: alcalde Lee Brand

Rick Hill, sargento del Departamento del Sheriff del condado de Fresno, captura a un sospechoso de laboratorio de metanfetaminas.

Rick Hill, sargento del Departamento del Sheriff del condado de Fresno, captura a un sospechoso de laboratorio de metanfetaminas.

Mientras cerca de 40 gobiernos municipales en California se suman al movimiento de ‘ciudades santuario’, el alcalde de Fresno, Lee Brand, reaccionó ayer a los decretos del presidente Donald Trump afirmando que no va a perder los fondos federales por defender a los indocumentados.

“No voy a hacer de Fresno una ciudad santuario, porque no quiero hacer que Fresno sea inelegible de recibir potencialmente millones de dólares en infraestructura y otros tipos de proyectos”, apuntó el edil, en declaraciones que recogió el periódico The Fresno Bee. “Mi filosofía es seguir la ley”.

Esta ciudad, ubicada a 217 millas de Los Ángeles, cuenta con 494,665 habitantes. En su mayoría son latinos, es decir 231,997 (46.9%), seguidos por el 30% de anglosajones (148,399) y el 12.6% de asiáticos (62,327), razón por la que en la comunidad rechazan la postura de Brand.

“Es una decepción que no apoyen a la comunidad”, manifestó Norma Zavala, radicada en esta ciudad desde 1979 cuando llegó de Tamaulipas, México. “No creo que necesitemos los fondos, porque esta ciudad ha salido a flote y enfrentado muchas situaciones difíciles”.

Mario González, gerente de programas en el Centro La Familia, en Fresno, dijo a HOY que como consecuencia, y basado en la experiencia, esta posición pueda causar temor en la población. “Es muy devastador para los habitantes que sus elegidos no traten de proteger a la comunidad”, subrayó.

Ante el planteamiento del alcalde, organizaciones pro-inmigrantes han expresado el compromiso de abogar por la comunidad indocumentada.

En el Estado Dorado se estima que viven cerca de 2.6 millones inmigrantes indocumentados, de los cerca de 11.1 millones que se cree se encuentran en la Unión Americana.

En toda la nación, hay cerca de 400 ‘ciudades santuario’, de ellas 40 están en California. Entre esas ciudades se encuentran Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, Maywood, Cudahy, Santa Ana y San Diego, entre otras, cuyos líderes reaccionaron con las medidas impulsadas por la Casa Blanca.

“La seguridad y el bienestar de todos los que viven, trabajan y visitan L.A. siempre serán nuestra prioridad número uno. La idea de que no cooperamos con el gobierno federal está simplemente en desacuerdo con los hechos”, respondió Eric Garcetti, edil de Los Ángeles.

Según el jefe municipal angelino, esta ciudad coopera regularmente con las autoridades de inmigración “en particular en casos que involucran crímenes graves”, pero siempre se cumple con las solicitudes constitucionales de detención.

Al mismo tiempo, Garcetti considera que dividir las familias y recortar los fondos federales a cualquier ciudad “pone la seguridad personal y la salud económica de nuestra nación entera en riesgo. No es el camino a seguir para los Estados Unidos”.

Este miércoles, el presidente Trump firmó dos decretos: en uno de ellos, gira instrucciones para comenzar a construir el muro fronterizo y, en el otro, se destaca que las ‘ciudades santuario’ que se nieguen a colaborar en la deportación de inmigrantes indocumentados sufrirán recorte de fondos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por su parte, condenó las medidas del presidente, al considerar que son políticas migratorias “draconianas, punitivas y discriminatorias”, que ignoran las lecciones de los últimos 30 años, en las que se traicionan los valores más básicos.

La organización, agregó en un comunicado, continuará la lucha “para asegurar que las personas no sean detenidas y deportadas sin el debido proceso”; además, abogan para que los musulmanes tengan igual oportunidad de inmigrar y que los recursos no se utilicen para estas prácticas.

“Ahora es el momento que California responda. Podemos contrarrestar estas políticas odiosas y dañinas”, indicó Héctor Villagra, director ejecutivo de ACLU en el Sur de California, por lo que urgió la aprobación de la ley AB3, esta es la Acta de Fortalecimiento de los Defensores Públicos.

Dicha ley, agregó Villagra, aseguraría “que ningún californiano se enfrente a detención obligatoria y deportación sin acceso a una representación legal de calidad”.


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