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No hay trabajo, vivienda o educación para uno de cada cinco californianos con condena criminal

(Getty Images)

Ocho millones de californianos son injustamente impactados por las restricciones legales, impuestas a las personas con condenas penales pasadas.

Californians for Safety and Justice (CSJ), una organización sin fines de lucro que lucha por las comunidades más vulnerables, revela que uno de cada cinco californianos tiene una condena que le impide conseguir empleo, vivienda e inclusive oportunidades educativas.

La información se da a conocer como parte de la campaña nacional #TimeDone, que resalta cómo la era del encarcelamiento masivo ha causado una epidemia de condenas penales muy severa en California.

Un total de ocho millones de personas, o uno de cada cinco residentes del estado, tienen una condena penal de su pasado, que les obliga a soportar casi 5,000 restricciones legales, incluido el empleo permanente.

Este un problema que existe a nivel nacional, ya que 70 millones de personas en Estados Unidos tienen una antigua condena.

Actualmente, la campaña #TimeDone busca crear conciencia sobre cuántas personas se ven afectadas por las barreras asociadas con las condenas, y la medida en que socavan la estabilidad familiar y la seguridad económica.

CSJ sostiene que miles de californianos están permanentemente relegados a los márgenes de la sociedad, como resultado de las restricciones legales impuestas a las personas con condenas penales.

La mayoría de los cuales cumplieron su condena hace mucho tiempo, y han vivido libres de crímenes durante años e incluso décadas, o nunca han cumplido condena en la cárcel o prisión.

“Aquellos que se han ganado el camino hacia la redención completando su sentencia y pagando sus deudas, y que están listos para convertirse en miembros contribuyentes de nuestras comunidades, deberían poder reincorporarse a nuestra sociedad y prosperar”, dice Jerron Jordan, director del Programa Second Chances.

El sistema como se encuentra actualmente, “destierra permanentemente a las personas en los márgenes de la sociedad y solo sirve para socavar el potencial de nuestras comunidades, al limitar las capacidades de las personas para contribuir con sus familias y nuestra economía compartida”, agrega Jordan tras el hallazgo de CSJ.

Los números

CSJ destaca estas consecuencias a través de un informe que muestra los resultados colaterales de las condenas, las cuales incluyen la pérdida de derechos civiles, derechos de los padres, beneficios públicos, elegibilidad para la vivienda y la oportunidad de ganarse la vida y la autosuficiencia a través del empleo.

De las 4,800 restricciones legales diferentes impuestas a personas con condenas en California, el 58% están relacionadas con el empleo y el 73% son prohibiciones permanentes o de por vida.

A nivel nacional, existen 32,000 leyes con respecto a la consideración de antecedentes penales en licencias laborales y comerciales, y California tiene algunas de las leyes más gravosas con respecto a tales licencias.

Límite para casi todo

Por ejemplo, sostienen los expertos, estas leyes impiden que las personas accedan a oportunidades en una variedad de sectores laborales, incluido el campo de la salud de rápido crecimiento y otras áreas de servicio público.

Más recientemente, se ha enfocado en el hecho de que las personas con condenas no pueden convertirse en bomberos, incluso después de haber recibido capacitación completa y ayudar a combatir los incendios forestales de California, mientras están en prisión o bajo supervisión correccional.

A nivel nacional, se pierden más de $87 mil millones en el PIB cada año como resultado de las restricciones de empleo, impuestas a personas con condenas, enfatiza la organización.

Una condena anterior también puede evitar que alguien ingrese a la escuela, sirva en el ejército, adopte o sea padre de crianza de un niño (incluso su propio miembro de la familia).

Las restricciones no se detienen ahí, estas personas no pueden ser voluntarios en la escuela de su hijo o de una junta escolar, tampoco puede acceder a los servicios de las víctimas.

Y si bien es posible eliminar una antigua condena o sellarla, el proceso es innecesariamente oneroso e incluso una condena expurgada con éxito permanece en los antecedentes penales de una persona para siempre.

Ni siquiera el perdón del gobernador resultaría en una condena que se eliminaría completamente del registro de una persona.

“Uno de los legados perdurables de la encarcelación masiva es que más gente que la mayoría podría llegar a comprender una convicción criminal de algún tipo, y las diversas restricciones legales que conlleva”, dice Lenore Anderson, directora ejecutiva de Californians for Safety and Justice.

“Una de las formas más profundas en que podemos corregir ese legado es crear oportunidades reales para que la gente obtenga redención y una segunda oportunidad”, añade.

“No hay beneficio para la seguridad pública o la salud de nuestra economía y la sociedad, de las muchas políticas que impiden que las personas superen con éxito los errores del pasado”, asevera.

El informe de CSJ incluye una primera encuesta de personas con una condena penal, realizada por David Binder Research, y proporciona un retrato crudo de las formas en que una condena penal obstaculiza la capacidad de las personas para reparar sus vidas.

Según las encuestas, casi la mitad de las personas con una condena penal tienen dificultades para encontrar un trabajo, y casi cuatro de cada 10 tienen dificultades para obtener licencias ocupacionales.

Las minorías las más afectadas

La encuesta también encontró que las condenas afectan de manera desproporcionada a personas de color, personas que viven en áreas urbanas, personas sin un título universitario y personas de bajos ingresos.

Además, la investigación nacional ha encontrado que casi 36 millones de niños, casi la mitad de todos los niños en el país, tienen al menos un padre con una condena penal.

CSJ hace una serie de recomendaciones para aliviar o eliminar las consecuencias colaterales de una condena penal, incluyendo que las condenas caigan automáticamente del registro de una persona, después de un tiempo específico sin contacto con el sistema de justicia penal.

Pide también que se reduzcan las barreras a las licencias ocupacionales, y ampliar los fondos para las agencias de desarrollo de la fuerza de trabajo.

“Las consecuencias colaterales de antiguas condenas criminales son abrumadoramente contraproducentes e injustas, no protegen la seguridad pública y limitan la capacidad de muchas personas respetuosas de la ley, de cuidar de sí mismas y de sus familias”, sostien Jordan.


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