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Mexicanos en EE.UU. condenan proyecto de ley del PRI que criminaliza uso de internet

Ante la ola de violencia e inseguridad en la nación vecina, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, la población se ha organizado y movilizado por medio de las redes sociales, denunciando hechos que los medios tradicionales no abordan.

Ante la ola de violencia e inseguridad en la nación vecina, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, la población se ha organizado y movilizado por medio de las redes sociales, denunciando hechos que los medios tradicionales no abordan.

(Agencia Reforma)

Como una muestra de intolerancia y un atentado a la libertad de expresión califican líderes de organizaciones californianas y expertos a la denominada Ley Fayad, propuesta en el Senado mexicano por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La propuesta legislativa, presentada la semana anterior por el senador Omar Fayad, establecería pena de cárcel por la difusión en internet de información no autorizada o que atente contra el honor de una persona en las diferentes plataformas digitales.

“No sé a qué le temen, es una medida errónea porque viola uno de los pilares de la democracia como es la libertad de expresión”, cuestionó Guadalupe Gómez, directivo del Frente Cívico Zacatecano en el Condado de Orange.

A juicio de Aniceto Polanco, directivo de la Federación Guerrerense Binacional, los mensajes en las redes sociales han incomodado al gobierno; por esa razón, considera necesario denunciar esta ley ante la comunidad internacional.

“Estamos viendo una dictadura, pero tenemos que revelarnos y exponer toda la corrupción. Al proponer estos controles están provocando que el pueblo se levante, al final tendrían que hacer muchas cárceles para arrestarnos a todos”, valoró.

Ante la ola de violencia e inseguridad en la nación vecina, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, la población se ha organizado y movilizado por medio de las redes sociales, denunciando hechos que los medios tradicionales no abordan.

“Hay una intolerancia a la crítica que se ha expresado en las redes sociales, donde en algunas veces han rebasado a los medios de comunicación”, manifestó el periodista Rubén Luengas. “Esto es verdaderamente criminal”.

Miguel Tinker Salas, investigador y profesor de Estudios Latinoamericanos en el Colegio de Pomona, considera que este tipo de medidas dejan al descubierto un Estado mexicano débil y sin propuestas.

Al mismo tiempo, agrega el académico, es una ley que no solamente criminaliza las protestas, las cuales han provocado reacciones en el extranjero por medio de plataformas como Facebook y Twitter; sino que atenta contra la sociedad en general.

“El internet ha permitido que la gente se solidarice y movilice; sin embargo, el gobierno está rastreando toda esa información y quieren cerrar todos los espacios, mostrando las mañas del viejo PRI”, advirtió Tinker Salas.

A criterio de Elizabeth Pérez, profesora de la Universidad de Guadalajara, esta ley pone contra la pared movimientos como el creado alrededor de los desaparecidos de Ayotzinapa y el #YoSoy132, entre otros que han utilizado el internet como estrategia de lucha.

“Con esta iniciativa quieren detener el poder de convocatoria de los movimientos sociales, surgidos porque la sociedad está harta y frustrada de la violencia y es la única forma que tiene el gobierno para imponer un control”, indicó Pérez.

En el borrador de la ley, presentado por el senador Fayad, se explica que el objetivo es prevenir y sancionar los delitos informáticos, destacando que los ciberataques han ido en aumento, eso incluye lavado de dinero y robo de banca en línea, entre otros.

De igual manera, entre los motivos añade que el periodismo digital, la publicidad, las opiniones, mensajes o elementos vertidos en las redes sociales “pueden derivar en menoscabos del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien”.

Ante las reacciones que ha generado dicha propuesta, el autor de la ley anunció que este jueves 5 de noviembre realizará un foro donde participen miembros de la sociedad civil, en donde podría darle un giro a la redacción de la propuesta legislativa.


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