Médicos advierten: ‘Carga pública’ amenaza la salud de 24 millones, incluidos 9 millones de niños

Primero fueron los activistas pro-inmigrantes, ahora son los profesionales en medicina de California quienes le advierten al gobierno federal, que de aprobarse la propuesta de “carga pública”, la salud de millones de personas, no solo indocumentados, está ebajo fuego.

La propuesta del presidente Donald Trump busca negarle la residencia y visas a las personas indocumentadas, que hayan hecho uso de diferentes servicios federales como estampillas de comida y asistencia médica como Obamacare.

California Academy of Family Physicians (CAFP), que cuenta con 10,000 miembros, publica una declaración diciendo que se opone a la regla, ya que la enfermedad no discrimina.

“Es política de CAFP que la atención médica sea un derecho humano y que todas las personas tengan derecho a servicios de salud integrales y de alta calidad prestados de manera oportuna, culturalmente competente y económicamente sostenible, independientemente de su edad, identidad de género, orientación sexual, ubicación geográfica, ingresos, estado de salud o estado de inmigración”, estipula la carta.

“La temporada de gripe acaba de llegar y estamos viendo que tenemos dificultades para que nuestros niños y adultos inmigrantes se vacunen contra la gripe”, dijo Lisa Ward, presidenta de la junta de CAFP.

A juicio de Ward, es probable que una de las razones de la baja participación es porque las familias tienen miedo de recibir la atención, por miedo al rechazo de sus solicitudes de estadía.

Las regulaciones propuestas tienen el potencial de afectar a millones de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que los inmigrantes podrían perder hasta $22.7 mil millones en beneficios federales y estatales (en un periodo de 10 años), porque desertan de los programas para los cuales son elegibles.

De acuerdo a CAFT, es casi seguro que muchos de los pacientes atendidos van a evitar la atención necesaria de su médico de cabecera, poniendo en peligro su propia salud y la de sus comunidades, y como resultado, el reglamento propuesto no solo amenaza la salud de los pacientes, sino que también la atención diferida conduce a problemas médicos y de salud pública más complejos, lo que significativamente aumentar los costos para el sistema de salud y los contribuyentes de Estados Unidos.

Michael Munger, presidente de American Academy of Family Phisicians (AAFP), manifiesta que no recibir atención primaria puede empeorar las condiciones de un paciente y forzarlo al tratamiento médico más complejo y costoso.

“Instamos a la administración a abandonar este esfuerzo y a trabajar con profesionales de la salud para garantizar un acceso más amplio, una mejor calidad y una atención más asequible para ayudar a construir comunidades fuertes con familias saludables”, dice Munger.

Desde que Trump anunció la regla en los medios de comunicación, Ward y otro médico de familia como Munger sostienen que las clínicas han visto disminuciones en el número de padres que buscan exámenes de rutina inclusive para sus hijos nacidos en este país.

Solo en base a los números, el impacto potencial en la salud infantil de la regulación propuesta es enorme; uno de cada cuatro niños en Estados Unidos vive en una familia de inmigrantes, lo que significa que el niño o al menos uno de los padres es extranjero, sostiene un análisis del Instituto de Política Fiscal.

En total, el efecto de la propuesta se extendería a 24 millones de personas en Estados Unidos, incluidos 9 millones de niños.

La American Academy of Pediatricians (AAP), la cual se opone a la regla, informa que millones de niños y familias corren el riesgo de “verse privados de servicios vitales de nutrición, salud y vivienda”.

“Como pediatras, hacemos todo lo posible para brindar atención a todos los niños”, dice Julie M. Linton, copresidente del grupo de interés especial para la salud de los inmigrantes de la AAP.

“La propuesta de la carga pública crea un dilema peligroso al obligar a las familias a hacer una elección imposible entre servicios vitales de salud, nutrición y vivienda o mantener unidas a sus familias”, dice Linton.

“Ya he presenciado los efectos escalofriantes de la propuesta filtrada con las familias que renuncian a los servicios de salud para sus hijos o incluso que se dan de baja de los programas para los cuales, de hecho, son elegibles”, añade.

Organizaciones como California Primary Care Association, National Association of Community Health Centers, Community Clinic Association of Los Angeles County y American Psychiatric Association han expresado su descontento.

El periodo de comentario para la aprobación de la regla termina el 10 de diciembre, entonces los funcionarios federales revisarán todos los comentarios y, si es necesario, realizarán cambios en la regla propuesta, para luego publicar una regla final en el Registro Federal.

En un preámbulo a la regla, los funcionarios abordarán cualquier comentario. Una vez que se publique la regla final, esta entrará en vigor.

Los grupos que se oponen a la propuesta han señalado que considerarán un litigio para bloquear la regla, posiblemente con el argumento de que el Departamento de Seguridad Nacional no ofreció una justificación razonable para cambiar la política.