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Más de 700,000 solicitudes de ciudadanía retrasadas. Conozca cuáles son las ciudades más afectadas

(AP)

En el Día de la Ciudadanía, las organizaciones de derechos de los inmigrantes impulsan a la comunidad a hacerse ciudadanos, al mismo tiempo que imponen una demanda contra el gobierno y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) por el creciente retraso en expedir el documento.

“Durante los últimos dos años y medio, más de dos millones de inmigrantes presentes legalmente han respondido al clima de odio antiinmigrante solicitando convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, sostiene Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

“Aunque el procesamiento de estas aplicaciones y las verificaciones de antecedentes, están totalmente financiadas por la tarifa de solicitud de $725 de los mismos solicitantes, USCIS se ha negado a asignar recursos adicionales para el procesamiento oportuno y profesional de estas solicitudes”, dice Salas, enfatizando que la comunidad en el presente espera hasta seis meses para recibir algún tipo de respuesta.

El resultado es que el retraso en la naturalización se ha disparado a 753,000 aplicaciones en espera, un aumento del 93% sobre la demora de finales de 2015.

La demanda

Este lunes, Mi Familia Vota se unió a National Partnership for New Americans (NPNA), Centro para los Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCLA) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Asimismo, se han sumado UnidosUS, CASA, OneAmerica, New York Immigration Coalition, Michigan United y El Rescate, para presentar la demanda contra USCIS en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

La demanda se basa en la omisión de la agencia para responder a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), para producir documentos relacionados con la acumulación de solicitudes de ciudadanía.

NPNA, una coalición de 37 grupos de derechos de inmigrantes y refugiados, presentó una solicitud FOIA el 6 de agosto.

La referida solicitud busca descubrir la discriminación racial, étnica y religiosa por parte del liderazgo de dicha agencia federal, la arbitrariedad en el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y los aumentos intencionales al atraso con el propósito de supresión de votantes.

“El problema es que estamos viendo que estos retrasos están ocurriendo solamente en estados donde se concentra la minoría latina. Las elecciones están a punto de llevarse a cabo y estamos pensando que estos retrasos son meramente políticos, ya que el gobierno sabe que los latinos vamos a salir a votar”, dice Salas.

A juicio de Peter Schey, presidente de CHRCL y asesor legal de las partes solicitantes de FOIA, la política de la administración Trump se encuentra creando obstáculos innecesarios, para que los inmigrantes residentes de larga duración se naturalicen y se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos.

El acto “es irracional, ilegal e intolerable. Es una forma de supresión de votantes no muy bien camuflada”, sostiene.

“Los documentos internos que ahora buscamos bajo la Ley de Libertad de Información arrojarán luz sobre este programa encubierto ilegal y nos permitirán evaluar cómo se puede usar el litigio para terminar con el programa de supresión de votantes de la administració", dijo el jurista.

A juicio de Schey, los inmigrantes “deben ser alentados, no desalentados activamente, a convertirse en ciudadanos y desempeñar un papel más activo en la vida cívica de la sociedad”.

Los activistas no son los únicos

Este esfuerzo se produce cuando el creciente coro de defensores, incluidos más de 50 miembros del Congreso y casi 50 alcaldes y ejecutivos del condado, están exigiendo respuestas de USCIS, que maneja las solicitudes de naturalización, sobre por qué el retraso ha aumentado.

Al mismo tiempo, los tiempos de espera para el procesamiento de USCIS se ha ralentizado, llegando en algunos casos a más de 20 meses.

“Solicitar la ciudadanía es un sueño hecho realidad para muchos y un paso clave para participar plenamente en nuestra democracia. Por el bien de la nación, el beneficio de las familias y nuestros procesos democráticos, los retrasos y los tiempos de espera deben reducirse inmediatamente”, dice Salas.

A la tasa actual de solicitudes de procesamiento, el USCIS demoraría más de 25 años en bajar la tasa actual al nivel de cartera atrasada de la administración de Barack Obama. 380,639 solicitudes en 2015, sin incluir nuevas aplicaciones.

El “Segundo Muro”, como lo llaman NPNA y sus socios, está evitando que cientos de miles de inmigrantes se conviertan en ciudadanos y se conviertan en votantes.

En julio, NPNA lanzó una campaña nacional, que consistía en una coalición de funcionarios electos, socios comunitarios, sindicatos, instituciones de fe y otras partes interesadas, exigiendo una reducción del atraso y tiempos de espera para el procesamiento de las solicitudes de naturalización.

Casi en la misma fecha, más de 50 congresistas enviaron una carta al USCIS para analizar el retraso y solicitar que reduzca el tiempo de espera.

A principios de agosto, NPNA y otras organizaciones de derechos de los inmigrantes presentaron la solicitud de FOIA ante el USCIS, pero, hasta la fecha, no han recibido respuesta.

¿Dónde afectan más los retrasos?

  • La ciudad de Nueva York tuvo un atraso de 81,206 solicitudes;
  • Houston: 42,341 solicitudes;
  • Dallas: 38,094 solicitudes;
  • San Francisco: 27,481 solicitudes;
  • Chicago: 27,238 solicitudes;
  • Newark: 26,146 solicitudes;
  • Atlanta: 21,006 solicitudes;
  • Baltimore: 20,485 solicitudes;
  • Seattle: 18,707 solicitudes;
  • Miami: 17,955 solicitudes;
  • El condado de Los Ángeles: 17,570 solicitudes;
  • Filadelfia: 17,336 solicitudes;
  • St. Paul: 16,762 solicitudes;
  • La ciudad de Los Ángeles: 16,614 solicitudes; y
  • El Distrito de Columbia: 16,564 solicitudes

Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota, alienta a la comunidad a continuar sus trámites a pesar de los retrasos.
“Si no podemos votar ahora, vamos a poder votar en el futuro. Este problema actual no debe de ser una razón para desalentar nuestra derecho democrático”, sostuvo el activista.

“Desafiamos a la administración Trump a adoptar un nuevo enfoque hacia los inmigrantes, uno que los abrace, y derribe esta barrera conocida como el ‘segundo muro’. Tenemos la garantía de ser una nación más fuerte y mejor para mantener nuestras promesas y principios si esto sucede”, asegura Monterroso.

Responde USCIS

Michael Bars, portavoz de USCIS, indica que las quejas son solamente un intento desesperado y engañoso de los defensores de las fronteras abiertas para anotarse puntos políticos.

El portavoz enfatiza que el número de individuos naturalizados anualmente ha seguido el ritmo regular y prácticamente sin cambios a pesar del aumento del 35% en las aplicaciones de N-400.

Agrega que la agencia recibe consistentemente 700,000 a 750,000 ciudadanos durante las ceremonias de naturalización en todo Estados Unidos y en todo el mundo.

“En el año fiscal 2017, la agencia naturalizó a más de 716,000 personas y, a través de los dos primeros trimestres de 2018, USCIS está en camino de alcanzar sus niveles de producción a 5 años, al mismo tiempo que esperamos más aplicaciones de N-400 desde 2008”, asevera Bars.

USCIS considera que la comunidad debe saber la forma en la que la entidad trabaja y comparte:

  • La carga de trabajo actual pendiente no equivale a una acumulación: es una estadística utilizada en el informe de USCIS, para incluir todas las solicitudes de naturalización presentadas, incluidas las presentadas en los últimos días y semanas, y se describe de forma inexacta como evidencia de demoras.
  • Muchos de estos casos, que pueden permanecer pendientes de un trimestre a otro, se encuentran dentro del objetivo de tiempo de procesamiento establecido por la agencia, y las variaciones son resultado directo de la geografía y la capacidad.
  • Si bien ha habido hasta un 35% de aumento en las solicitudes de N-400 desde 2012, la cantidad de personas naturalizadas cada año ha seguido el ritmo y sigue siendo prácticamente la misma.
  • El número de casos pendientes comenzó a “dispararse” durante el gobierno del presidente Obama, desde el 15 de octubre hasta al menos el 16 de septiembre. De hecho, se debería hablar de 636,000 a 747,000.

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