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Madres de Ayotzinapa visitan LA: ‘Nuestros hijos están vivos’

(Selene Rivera)

El compromiso para esclarecer el paradero de sus hijos no tiene fronteras. Dos madres de Ayotzinapa llegan a Los Ángeles para pedirle una vez más a la comunidad internacional y al gobierno mexicano que investiguen el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Aytozinapa, en Iguala, Guerrero, fueron atacados. Hasta ahora, no hay pruebas contundentes de sus muertes.

El ataque, cuyo motivo aún es un misterio, culminó en seis muertes comprobadas, tres de ellas estudiantes. Un alumno sobrevive en estado vegetativo.

Joaquina García, madre de Martin Getsemaní Sanchez García, es una de las dos mujeres que llegan al Sur de California para denunciar la impunidad del gobierno.

(Selene Rivera)

“Mi hijo tenía 20 años de edad la última vez que lo vi. Han pasado cuatro años y aún no sé nada de él. El gobierno nunca quiso esclarecer nuestros casos más que herirnos, al decirnos que sus cuerpos habían sido abandonados y calcinados, hecho que peritos internacionales rechazaron”, dice García.

“Mi corazón de madre me dice que nuestros hijos están vivos. Yo quiero ver a Martin, quiero tenerlo en la casa. Lo vi por última vez un 20 de septiembre del 2014 cuando llegó a comer con la familia”, sostiene la madre.

A juicio de la mujer, el gobierno priista de México se va con las manos “manchadas de sangre” mientras que al nuevo presidente se le pide “que haga justicia para las familias y los jóvenes”.

“El sueño de Martin es ser maestro y dar clases en lugares apartados… como su madre no voy a parar hasta encontrarlo”, agrega.

Resultados mixtos

El 27 de enero del 2015, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer su “verdad histórica” sobre lo ocurrido en Iguala.

De acuerdo a su investigación, los normalistas fueron “privados de su libertad, ejecutados, calcinados, triturados y arrojados al río” San Juan.

No obstante, dos meses después el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló en un informe que no había evidencias de que ocurriera un fuego de la magnitud señalada por el procurador, ni que los estudiantes hubieran sido incinerados en un basurero.

“Este fue ataque de estado”

Cristina Bautista Salvador, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ausencio Bautista, señala que “cada uno de los padres busca que el mundo sepa que siguen en pie de la lucha”.

“Mi hijo tenía 19 años cuando sucedió todo. Me había platicado que estaba muy contento por asistir a la escuela. Yo le decía que se quedara trabajar en el campo, pero él me decía que se sentía bien donde estaba. Él quería ser maestro bilingüe”, dice Bautista.

“Al despedirse nos dijo que no podía recibir llamadas, que lo esperáramos hasta que él nos marcara. Me vine enterando de lo ocurrido el 29 de septiembre que hubo un enfrentamiento cuando mi hija me contó”, dice Bautista.

Cuenta la madre de familia que llegó al plantel como muchos padres para saber qué estaba pasando con sus hijos, pero no encontró respuestas.

“Este fue un crimen de estado. Nuestros hijos no están muertos…El estado sabe, el ejército sabe dónde están nuestros hijos. Tenemos esperanza de llegar a la verdad de esta desaparición forzada”, añade.

Antonio Arias, quien hace abogacía por la ayuda humanitaria, acompaña a las madres de familia a compartir sus historias.

“Es importante porque estamos en un momento donde hay una promesa de renovación en México con el compromiso del nuevo gobierno”, dice Arias.

“La desaparición forzada, con intento de aterrorizar a la población para obtener algo de ellos es un hecho. En esas condiciones han desaparecido de 25 mil a 30 mil personas. Así que es importante hacer algo para que esa voluntad sea una realidad social y llegue lejos para saber que ha pasado con esos muchachos y con otros miles de personas desaparecidas”, sostiene.

Jan Jarab, responsable de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha reconocido que el caso de los normalistas desaparecidos sigue impune.


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