Los Ángeles podría otorgar fondos para personas a punto del desalojo

Aproximadamente unos 51,203 casos de desalojo se presentaron en el condado de Los Ángeles en el 2015, pero la junta de supervisores especula que la cifra puede haber aumentado.

En la mayoría de casos, las personas afectadas son las minorías de bajos recursos. Para asistir a este sector, el condado ahora considera la posibilidad de financiar la representación legal para inquilinos en el proceso de desalojo.

La supervisora Sheila Kuehl, que ha defendido las medidas de control de alquileres, recomienda analizar los datos locales de desalojo y los programas de defensa legal existentes, con miras a implementar alguna forma de asistencia legal para fines del 2020.

Kuehl señala que en un entorno con más de la mitad del condado de residentes viviendo de cheque a cheque, cualquier crisis financiera inesperada podría orillar a las familias que no pueden pagar el alquiler al desalojo de sus hogares.

“La escasez de viviendas de Los Ángeles, y los alquileres en alza están llevando a más y más personas a la falta de vivienda”, dice Kuehl. “Necesitamos usar todas las herramientas a nuestra disposición para mantener a las personas en sus hogares’’, agrega.

Por ahora, el condado no cuenta con una cifra exacta sobre las personas a punto del desalojo, ya que se ha centrado intensamente en la prevención de personas sin hogar y la indigencia.

El supervisor Mark Ridley-Thomas, quien fue coautor de la moción, indica que el problema de la indigencia debe ser atacado de raíz, empezando por proteger a las personas que rentan hogares.

“Esto requiere expandir nuestro arsenal de herramientas para proteger mejor a los residentes de bajos ingresos y al borde de perder sus hogares, a menudo por causas ajenas a la suya”, indica.

Romy Ganschow, de la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles, alega ante la junta que los programas de defensa de desalojo ahorran dólares de los contribuyentes.

“El derecho a un abogado ahorra dinero para el condado... (se) reduce la demanda de otros servicios públicos”, sostiene Ganschow.

Un estudio sobre desalojo realizado para el Colegio de Abogados de Filadelfia que cada dólar gastado en defensa de desalojo podría generar más de 12 dólares en ahorros en refugios, visitas a hospitales, salud mental, servicios y justicia juvenil, entre otros gastos. Filadelfia tiene uno de las tasas de pobreza más altas de las grandes ciudades de Estados Unidos, y una tasa de desalojo mucho más alta que la media nacional.

El movimiento Kuehl-Ridley Thomas señala el éxito de Nueva York con un programa similar eestablecido en 2017, que ha ayudado a aumentar la representación legal de los inquilinos de bajos ingresos en casi un tercio.

La ciudad de Nueva York garantiza la representación legal de los residentes amenazados con desalojo cuyos ingresos son 200% o menos del nivel federal de pobreza.

La junta de Los Ángeles ordenó a los miembros del personal que revisen los datos locales de desalojo, así como programas de defensa de desalojo en otras jurisdicciones, incluyendo San Francisco, para desarrollar recomendaciones específicas para la región.

En una moción relacionada, la junta votó para rastrear y coordinar servicios en todos los departamentos del condado para personas en riesgo de quedarse sin hogar.

“Sabemos que las personas a menudo buscan servicios sociales del condado antes de convertirse en indigentes’’, dice Kuehl. “Por ejemplo, el 37 por ciento de los residentes inscritos en tratamiento por abuso de sustancias está en riesgo de quedarse sin hogar”, dice.