Los Ángeles lidera coalición que buscan detener la desaparición del programa Daca

En busca de congelar la desaparición del alivio que le da a casi 800 mil jóvenes inmigrantes la estadía legal en Estados Unidos a través de Daca, la ciudad de Los Ángeles lidera una coalición de ciudades en todo el país, que urge la aprobación de una orden judicial para reinstalar dicho programa.

En caso de que el Congreso no llegue a una solución sobre el futuro de la Acción Diferida para los llegados en la infancia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizaría la información que tiene de los beneficiarios para buscarlos y detenerlos.

El congreso tienen ahora cinco meses para llegar a un acuerdo; mientras tanto, el procurador general de California, Xavier Becerra, junto con los procuradores generales de Maine, Maryland y Minnesota, así como la Universidad de California, presentaron la moción buscando la reinstalación del programa.

En la moción, Becerra le solicita al Tribunal del Distrito del Norte de California que bloquee la decisión en contra de Daca durante la tramitación de una demanda, argumentando que California y los otros podrían ganar el caso.

La misma moción pide que DHS no le entregue la información de los “soñadores” a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Becerra hizo hincapié en que poner fin al programa está causando un daño irreparable a los destinatarios de Daca, así como a los estados en los que viven.

“Estados Unidos es y ha sido el hogar de los ‘dreamers’ que valientemente se presentaron y solicitaron Daca. Han hecho todo lo que nuestro gobierno les ha pedido”, dijo el procurador californiano en la moción.

A juicio del funcionario, los jóvenes siguieron las reglas dirigidas por Daca, tuvieron éxito en la escuela, en el trabajo y en los negocios, y han contribuido en la construcción de un mejor Estados Unidos.

“Ellos personifican el Sueño Americano”, sostiene Becerra.

“Nuestros soñadores merecen saber que respetamos sus valores y determinación. Y merecen saber que lucharemos en todo momento por sus derechos y oportunidades para que puedan continuar contribuyendo a América”, agregó.

Una audiencia judicial sobre la solicitud de Becerra está programada para el 20 de diciembre.

Ana Suárez, activista y beneficiaria de Daca, sostuvo que la orden de restricción es crucial, en momentos que no se sabe aún qué va a pasar con este sector.

“No somos perros con rabia para que venga la perrera de un momento a otro y nos saquen, o nos detengan, cuando existen demandas a la decisión de Trump de anular el programa”, dijo Suárez.

Asimismo, Jorge B., otro beneficiario, aseveró: “Necesitamos el respaldo de la ley del debido proceso y esta orden judicial definitivamente nos va a ayudar a permanecer en este país hasta que haya una decisión concreta”.

La presidenta de las Universidades de California, Janet Napolitano dijo que la terminación del programa causará que el sistema universitario y sus estudiantes pierdan las “contribuciones vitales” que los receptores de Daca han hecho como estudiantes y empleados.

“La vida cívica de la escuela disminuirá, se reducirá el intercambio de ideas, se deteriorarán la enseñanza y la investigación, y se reducirán la diversidad de puntos de vista y experiencias”, dijo en un comunicado.

Se estima que UC cuenta con más de 4 mil estudiantes en todos sus campos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar y dijo que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes.