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Los Ángeles busca más protección para arrendatarios indocumentados

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Un comité del Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba un proyecto de ordenanza, que haría ilegal que un propietario divulgue el estado de ciudadanía de un inquilino a terceros.

Al mismo tiempo, la ordenanza haría ilegal que el propietario indague el estado de inmigración o ciudadanía de un inquilino u ocupante.

La medida da un paso adelante por el Comité de Asuntos de Inmigrantes, Derechos Civiles y Equidad, en busca de reflejar y ampliar el Proyecto de Ley 291 de la Asamblea, firmado por el gobernador Jerry Brown el año pasado, según los funcionarios de la ciudad.

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Como la medida está actualmente escrita, las violaciones serán castigadas con una multa de 1,000 dólares y hasta seis meses en la cárcel, pero el comité de la ciudad le está solicitando a la Procuraduría que explore el aumento de ambos para todos aquellos que no respeten la ley.

María Pimentel, quien es indocumentada y renta apartamento, señala que si la ciudad puede reforzar la ley estatal con penalidades más fuertes, es mejor para los indocumentados que rentan.

“En muchas ocasiones, los propietarios les piden a los potenciales inquilinos sus identificaciones de residencia, y si no los tienes no puedes rentar con ellos. Mucha gente opta por pedirle a los familiares con documentos que hagan el papeleo por ellos”, agrega.

“La persona que nos renta a nosotros sabe que somos indocumentados, y siempre tenemos el cuidado de no pedirle mucho cuando algo se descompone. Nos da miedo que nos eche o que hasta le pueda llamar a la ’migra”, sostiene Pimentel.

Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace, dice que la ciudad ha hecho mucho por ayudar a los inmigrantes indocumentados, sin embargo, esta ordenanza les aseguraría mas protección.

“La ciudad de Los Ángeles tiene un poco más de 375 mil residentes indocumentados. A pesar de ello estas personas contribuyen a la economía de la región”, dice Fuentes.

“En estas épocas de incertidumbre para muchos, lo mínimo que los políticos pueden hacer es brindarles un poco de mas protección y derechos a nivel local por lo menos”, añade.

Por ahora, la procuraduría de la ciudad explorar el aumento de penalidades, antes de enviar la ordenanza al pleno del concilio para su voto.

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