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Los Ángeles busca más protección para arrendatarios indocumentados

(Getty Images)

Un comité del Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba un proyecto de ordenanza, que haría ilegal que un propietario divulgue el estado de ciudadanía de un inquilino a terceros.

Al mismo tiempo, la ordenanza haría ilegal que el propietario indague el estado de inmigración o ciudadanía de un inquilino u ocupante.

La medida da un paso adelante por el Comité de Asuntos de Inmigrantes, Derechos Civiles y Equidad, en busca de reflejar y ampliar el Proyecto de Ley 291 de la Asamblea, firmado por el gobernador Jerry Brown el año pasado, según los funcionarios de la ciudad.

Como la medida está actualmente escrita, las violaciones serán castigadas con una multa de 1,000 dólares y hasta seis meses en la cárcel, pero el comité de la ciudad le está solicitando a la Procuraduría que explore el aumento de ambos para todos aquellos que no respeten la ley.

María Pimentel, quien es indocumentada y renta apartamento, señala que si la ciudad puede reforzar la ley estatal con penalidades más fuertes, es mejor para los indocumentados que rentan.

“En muchas ocasiones, los propietarios les piden a los potenciales inquilinos sus identificaciones de residencia, y si no los tienes no puedes rentar con ellos. Mucha gente opta por pedirle a los familiares con documentos que hagan el papeleo por ellos”, agrega.

“La persona que nos renta a nosotros sabe que somos indocumentados, y siempre tenemos el cuidado de no pedirle mucho cuando algo se descompone. Nos da miedo que nos eche o que hasta le pueda llamar a la ’migra”, sostiene Pimentel.

Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace, dice que la ciudad ha hecho mucho por ayudar a los inmigrantes indocumentados, sin embargo, esta ordenanza les aseguraría mas protección.

“La ciudad de Los Ángeles tiene un poco más de 375 mil residentes indocumentados. A pesar de ello estas personas contribuyen a la economía de la región”, dice Fuentes.

“En estas épocas de incertidumbre para muchos, lo mínimo que los políticos pueden hacer es brindarles un poco de mas protección y derechos a nivel local por lo menos”, añade.

Por ahora, la procuraduría de la ciudad explorar el aumento de penalidades, antes de enviar la ordenanza al pleno del concilio para su voto.


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