Agentes del Sheriff le desplomaron 36 balazos a enfermo mental; indemnizan a padre de víctima

Los padres de un hombre, de 28 años, asesinado por agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, recibirán $2.5 millones para resolver una demanda, en la que alegaron que su hijo fue baleado decenas de veces.

Al mismo tiempo del acuerdo extrajudicial, activistas dicen que el dinero no es suficiente para convencer a la comunidad de que el departamento está haciendo un buen trabajo.

Los agentes negaron las acusaciones y sostuvieron que su uso de fuerza, sobre Johnny Martínez, fue razonable.

La Fiscalía de Distrito investigó y concluyó, en julio de 2016, que los agentes actuaron legalmente en defensa propia y la defensa de otros en el uso de la fuerza letal.

Una investigación interna dictaminó que el uso de la fuerza estaba dentro de las normas de la política de la agencia.

Sin embargo, los abogados del condado instaron a un acuerdo basado en los riesgos e incertidumbre del litigio, presentado en abril de 2015, en el Tribunal Superior de Los Ángeles por Roberto y Antonia Martínez, padres de la víctima.

La demanda alega que el joven estaba mentalmente enfermo, y que las autoridades lo sabían y pudieron haberlo calmado.

No obstante, ignoraron las advertencias de los padres, lo que resultó en la muerte injusta del hombre, violaciones de sus derechos civiles y negligente inflicción de angustia emocional.

El tiroteo ocurrió justo antes de las 7 pm el 4 de octubre de 2014, en el 1100 de la calle 75, en un área no incorporada al sur de Los Ángeles.

Según las declaraciones del departamento, los agentes llegaron para encontrar un adulto que había sido apuñalado en la cabeza. El herido era amigo y vecino de Johnny.

Johnny se abalanzó contra él con un cuchillo de cocina, en un ataque no provocado, de acuerdo con la agencia de la ley.

Los cuatro agentes involucrados se agruparon para elaborar un plan, incluido el uso de fuerza menos letal antes de enfrentar a Johnny, y se les dijo que ya no tenía un cuchillo, según un resumen proporcionado a la junta de supervisores.

Cuando los agentes intentaron detener al sospechoso, este produjo un cuchillo e intentó atacarlos, decía la declaración.

Usaron un taser y un spray de pimienta, los cuales parecían no tener efecto, de acuerdo con el resumen, lo que les llevó a disparar 36 balazos que impactaron al hombre.

La demanda, sin embargo, declaró que Johnny obedeció las órdenes de los agentes.

Su padre les dijo que su hijo era esquizofrénico y les rogó que lo dejaran hablar con él y aliviar las tensiones, pero fue ignorado, dijo la demanda.

“A pesar de que Johnny Martínez siguió las instrucciones, los agentes negligentemente y temerariamente le dispararon sin aviso”, alega la demanda. `

Tras el acuerdo extra judicial, varios activistas están pidiendo todo tipo de videos y acceso de pruebas a la comunidad.

“No podemos continuar dejando estas muertes impunes”, dijo David Galindo, miembro de la Red para Detener la Encarcelación.

“Los padres de cada una de estas personas reciben indemnizaciones, pero nunca más vuelven a ver a sus familiares, y todo porque las autoridades aún siguen empleando uso de fuerza que no es necesaria”, dijo Galindo.

Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace, señaló que el comité que vigila al Departamento del Sheriff debe ser más vocal.

“Los acuerdos extra judiciales son como ponerle un curita a una herida de bala… a una muerte. El comité designado a vigilar a las autoridades dentro y fuera de las cárceles, debe mantener a los activistas informados sobre cambios, estrategias y medidas de corrección”, agregó.

Un plan de acción correctiva enviado a la junta, indicó que los despachadores que toman la llamada podrían haber hecho más para aprender sobre la enfermedad mental de Johnny- basada en la declaración del vecino de que dijo que estaba “actuando como loco’’.

Desde el suceso, el personal de escritorio de Century Station ha recibido más capacitación para identificar palabras clave y comportamientos relacionados con la enfermedad mental.

Asimismo, aproximadamente 95% de personal de patrulla han visto una video de capacitación sobre la gestión de contacto con personas mentalmente enfermas, de acuerdo con el plan de acción correctiva de los supervisores del condado.