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Latinos con posiciones encontradas al implementarse la ley de muerte asistida en California

Una pareja de Los Ángeles que no piensa apegarse a la nueva ley conocida como suicidio asistido.

Una pareja de Los Ángeles que no piensa apegarse a la nueva ley conocida como suicidio asistido.

(Selene Rivera)

La perspectiva espiritual y cultural es utilizada por la comunidad latina para oponerse a la implementación de la ley de muerte asistida, que entró en vigencia hoy en California luego de aplicarse en estados como Oregon, Washington, Vermont y Montana en medio de controversia.

“Mientras hay vida, hay esperanza. Hay personas que las creen muertas y las han salvado, la vida solo Dios la puede quitar”, manifestó Aracely Mejía, residente en Los Ángeles, quien no sale del asombro que ahora exista la posibilidad que un enfermo en fase terminal pueda decidir su muerte.

La Ley de Opción Al Final de la Vida fue firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre de 2015; al entrar en vigencia, se le permite a los médicos recetar dosis letales de medicamentos a personas que, debido a su enfermedad, podrían morir en un período de seis meses.

Dora Valdovinos, residente en el Valle de San Fernando, afirmó que es una ley muy fuerte. “A la vez si y a la vez no [estoy de acuerdo]”, indicó la joven, argumentando que todo depende de la situación del paciente y que si toma la decisión de forma consciente es algo que se debe respetar.

No obstante, agrega que es un tema en el que no habrá una respuesta uniforme, porque entiende que incluso si alguien se encuentra en coma “han podido despertar”.

En 1988, Giovanni Bautista vio como un cáncer fulminante le quitó la vida a su madre. Ahora que conoce sobre la nueva ley asegura que lo importante es tomar en cuenta el sufrimiento. “Hay que ponernos en el lugar de cada persona, si quiere acortar el dolor, adelante”, aseveró.

El debate de esta ley comenzó en 1992, en ese año los votantes detuvieron una medida en la que se proponía que los médicos aplicaran inyecciones letales.

La organización Compassion & Choice, por su parte, divulgó el caso de la joven Brittany Maynard, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral incurable. Luego de viajar a Oregon murió en noviembre de 2014, decisión fatal que concretó porque en ese estado funciona el llamado suicidio asistido.

De hecho, el esposo y la madre de Maynard fueron los rostros más visibles del movimiento en los últimos nueve meses previo a la firma del gobernador Brown.

“A veces los familiares en el afan de tenerlos vivos, les hacen padecer dolores inhumanos”, aseguró Jazmina Saavedra, residente en Bell Gardens, celebrando que esta ley ya tenga vigencia en el Estado Dorado, porque al final el paciente va a decidir. “Tienen el derecho a dejar de sufrir”, subrayó.

Cuando se aprobó esta ley, el pastor protestante René Molina indicó a HOY que esta medida es el resultado del distanciamiento de los valores. “Todo comenzó con el concepto del aborto. Estas son decisiones que causan pesar a nivel social y religioso, porque se alejan del valor de la vida”, manifestó.

El paciente, según la legislación vigente, debe tener 18 años y antes de que le suministren medicamentos para poner fin a su vida hará dos peticiones orales y una escrita ratificando su decisión. Además, se requiere un diagnóstico que indique que tiene menos de seis meses para vivir.

Al mismo tiempo, se necesita que la persona tenga la capacidad de tomarse los medicamentos por su propia cuenta.

A juicio de Matt Whitaker, director de California para Compassion & Choices, menos del 1% de la población de este estado necesitará asistencia para morir, recordando que enfermos terminales como Jennifer Glass y Christy O’Donnell pasaron sus últimos días abogando por esta opción.

“El simple hecho de tener la opción les dará la tranquilidad mental que a menudo les da el cuidado paliativo. Esta ley está fomentando las conversaciones abiertas y honestas entre las familias californianas sobre las opciones en el cuidado al final de la vida, que anteriormente no se daban”, aseguró Whitaker.

El estado de Oregon cuenta con una ley similar desde 1997, luego se aprobó en Washington (2008), Montana (2009) y Vermont (2013).


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