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Cuatro consecuencias graves si Trump cierra las oficinas de USCIS como ha amenazado

(Getty Images)

A partir del anuncio del cierre de varias oficinas los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ha surgido la confusión ante el sector inmigrante, que busca legalizar su estatus en Estados Unidos.

Por este motivo, la misma entidad aclara que se prepara para cerrar unas 23 oficinas solamente afuera del país, dejando intactas las que se encuentran dentro de la nación.

El cambio se extenderá a las oficinas en Nueva Delhi (India), Puerto Príncipe(Haití), Roma (Italia) y muchas otras ciudades extranjeras, en donde la agencia tiene oficinas que manejan emergencias, retrasos en las peticiones de inmigración y brindan información directa en idiomas extranjeros.

Los funcionarios dijeron que hay más de 20 oficinas, incluidas varias en México, El Salvador, Guatemala, Haití y Perú.

Algunos de los resultados de la medida son:

  1. El procesamiento de solicitudes de visas familiares, adopciones extranjeras y peticiones de ciudadanía de miembros de las fuerzas armadas en el extranjero podría demorar el traslado.
  2. De igual forma, el cierre afectaría la asistencia en casos de refugiados y asilos.
  3. Las familias afuera de Estados Unidos tendría que hacer sus solicitudes a través del internet.
  4. Las preguntas o citas en persona ya no serían viables, por lo que los interesados tendrían que pedir visitas regionales.

El objetivo del cambio es maximizar las oficinas así como “aprovechar mejor nuestros fondos para hacerle frente a los retrasos en Estados Unidos”, según Lee Francis Cissna, director de USCIS.
“El cambio puede ser difícil y puede causar consternación. Quiero asegurarle que trabajaremos para que esta transición sea lo más fácil posible para cada uno de nuestros empleados de USCIS, y al mismo tiempo, asegurarnos de que aquellos que utilizan nuestros servicios continúen haciéndolo, y las operaciones de nuestra agencia continúen sin interrupciones”, agregó Cissna en un comunicado.

La noticia de los cierres inminentes se produce días después de que Trump publicara su propuesta de presupuesto para 2020, que incluía un “recargo por servicios de inmigración” que agregaría un estimado del 10 por ciento a las tarifas de presentación de formularios.

Aunque la medida aún no ha sido completamente aprobada por el Departamento de Estado, los activistas ya aseguran que es otro ataque del presidente a la inmigración.

Enrique Gutiérrez y John Santos, directores de medios del Comité Nacional Demócrata, dijeron en una declaración que “la explicación del gobierno de que la medida es un esfuerzo para recortar los gastos del gobierno no tiene sentido, ya que los fondos de USCIS provienen principalmente de las tarifas pagadas por las personas que utilizan su servicios”.

Para la abogada de inmigración, Margaret Stock, “esta es otra instancia de la administración Trump que detiene la inmigración legal al negar a las personas la oportunidad de solicitar los beneficios de inmigración de la manera más conveniente”.

Después de quejarse de que los migrantes deben “ingresar legalmente”, el presidente Trump está eliminando otra [avenida] para que las personas soliciten el ingreso y se unan con sus familiares”, alegó Catherine Tactaquin, directora ejecutiva de la Red Nacional de Derechos para Inmigrantes y Refugiados.

Demócratas busca bloqueo

Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes busca el bloqueo de esta medida, a través de una misiva que pide la prohibición legislativa del cierre.

Los representantes Adriano Espaillat y Chuy Garcia argumentaron que el proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2019 ya brindó un aumento en la financiación para que el USCIS procese los casos y elimine la acumulación de solicitudes no resueltas.

“Está claro que esto es solo otra parte del objetivo xenófobo más amplio de la Administración Trump de reducir la inmigración legal”, dijeron los legisladores.

La próxima ley de financiamiento también debe incluir un lenguaje que impida el cierre de las oficinas internacionales, dijeron.

Los legisladores todavía están esperando ver cuántos colegas firman la carta.


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