La Procuraduría de LA sale a la caza de extorsionadores de indocumentados

La Procuraduría de LA sale a la caza de extorsionadores de indocumentados

La Procuraduría de la ciudad de Los Ángeles sale a la caza de los extorsionadores que se atreven a lucrarse de los indocumentados y amenazarlos.

El mensaje es que las autoridades ya están investigando varios casos, y cada uno de ellos va a ser castigado con todo el peso de la ley.

Como ejemplo, la entidad ha presentado varios cargos en contra de cuatro personas, incluido el caso de un hombre que amenazó con la deportación a un jornalero indocumentado, después de que este le pidiera su salario.

En los otros casos, los individuos fueron acusados de actuar ilegalmente como consultores de inmigración, lo que les permitió estafar a tres personas.

El abogado de la ciudad, Mike Feuer, ratifica que la entidad no va a tolerar a nadie, que intente aprovecharse de las vulnerabilidades percibidas de los residentes debido a su estado de inmigración.

Es un hecho, que los asesores de inmigración ilegales pueden “poner en peligro el estatus legal de las personas que están tratando desesperadamente de ajustar su estatus”, agrega.

 

Entre los casos presentados ante la corte se encuentra James Balsamo, de 53 años de edad. El residente de Westminster está acusado de intimidación y envío de comunicaciones electrónicas acosadoras, dirigidas a un jornalero latino que decidió presentar una reclamación ante el Departamento de Relaciones Industriales del estado por varios días de trabajo no pagados en el 2017.

Como el acusado en este caso, Balsamo, se enteró de que su trabajador sometió reclamaciones, este presuntamente envió múltiples mensajes de amenaza a la víctima por teléfono. Uno de estos mensajes incluía un comentario racial ofensivo.

Además, el sujeto amenazó con arrestar y deportar al trabajador a través de un texto que se lee: “Trump está llegando al pueblo”.

Balsamo, que estaba haciendo negocios en ese momento como Tru Way Construction, se ha declarado inocente, según la oficina del fiscal.

Por otra parte, Judith Gil, de 65 años de edad, y su hija Minerva Gil, de 36 años, están acusadas de operar un negocio de consultoría de inmigración ilegal que presuntamente explotó a individuos que buscan residencia y otras formas de estatus legal en Estados Unidos.

Ambas serán procesadas ​​el 13 de febrero en una sala de audiencias en el centro de Los Ángeles.

Al igual, Eddie Rivas Bonilla, de 54 años, está acusado de haber actuado incorrectamente como consultor de inmigración y con la práctica legal no autorizada.

Bonilla, quien será procesado el 13 de febrero, fue condenado por un caso similar en el 2017, según la oficina del fiscal de la ciudad.

“Hay miles y miles de personas viviendo en nuestra comunidad hoy con gran temor, y el miedo lleva a las personas a tomar decisiones desesperadas”, sostiene Feuer.

“Algunas veces esas decisiones desesperadas resultan muy mal porque recurren a personas que no están calificadas para brindarles ayuda, quienes toman su dinero”, señala.

El abogado de la ciudad insta a los que creen que hayan sido víctimas de crímenes similares a contactar a su oficina.

Cualquiera que crea que es una víctima en estos casos o en cualquier sospecha de fraude de inmigración, también puede ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles, al teléfono: (800) 593-8222.

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