DERECHOS: Inmigrantes que buscan la residencia dejan de pedir beneficios

Sin revelar su apellido, Alicia sostiene que desde hace dos años ella pedía WIC, un programa gubernamental que ofrece cupones de comida gratis para las familias con hijos menores de cinco años de edad y las mujeres embarazadas. Sin embargo, tras las amenazas de Donald Trump de negarles la residencia a las personas que piden este tipo de ayuda, ella ha optado por dejar ese apoyo.

“Me ayudaban mucho esos cupones especialmente para la leche, que los niños consumen, los cereales y las sopas, pero sí de eso depende la estadía de mi familia en este país, no hay otra opción más que rechazar la asistencia”, dice Alicia.

“Aquí en el este de Los Ángeles varias vecinas hablamos del tema. La verdad es que estamos siendo atacados los inmigrantes muy duro, pero nunca pensamos que hasta la comida del gobierno nos iban a quitar de nuestros hijos que son ciudadanos de este país”, sostiene.

Alicia no está sola en su decisión, varias organizaciones comunitarias, activistas pro inmigrantes y líderes de derechos civiles afirman que la política de “carga pública”, en su fase de estudio, está haciendo que muchas familias se deshagan de beneficios como cupones de alimentos y seguro médico para sus hijos.

La inscripción en cupones de alimentos y el Programa para mujeres y bebés (WIC), ha disminuido recientemente. Según el dato del Departamento de Agricultura, que supervisa el programa, 39.3 millones de personas recibieron cupones de alimentos en mayo, frente a los 41.4 millones del año anterior. Y el número inscrito en WIC se redujo de 7.2 millones a 6.8 millones en el mismo período, según el departamento.

Entre la lista de “carga publica” también se encuentran servicios como el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como “cupones de alimentos” y el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP).

Un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias mostró que el 45.3 por ciento de todas las familias con niños con padres inmigrantes utilizan algún programa de asistencia alimentaria. La gran mayoría de esos niños son ciudadanos estadounidenses.

A juicio del reverendo Douglas Greenaway, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de WIC, la preocupación mayor es que los bebés crezcan sanos.

“Cuando cualquier población que es potencialmente elegible para este programa es rechazada por cambios en la regulación o la legislación o simplemente por una retórica política que provoca temor, los bebés y sus familias tienen enormes consecuencias personales”, dice Greenaway, en una entrevista con la publicación en línea Político.

Esta publicación revela en entrevistas a más de una docena de proveedores de WIC en Washington, Kansas y el estado de Nueva York, que casi todos dijeron que vieron desertar a las madres inmigrantes y sus hijos, citando preocupaciones de cargos públicos.

Cualquier solicitante o dependiente que haya usado cualquiera de los beneficios enumerados en los últimos 36 meses podría ser inelegible para la residencia legal permanente.

De acuerdo al nuevo plan de carga publica “un recibo de beneficios públicos por parte de un extranjero se hace a expensas del contribuyente y la disponibilidad de beneficios públicos puede proporcionar un incentivo para que los extranjeros emigren a los Estados Unidos”.

Tal como está ahora, la regla excluye beneficios como inmunizaciones y almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido. Sin embargo los activistas sostienen que la comunidad debe alzar la voz antes de que el plan sea un hecho.

“Esta respuesta masiva muestra es resultado de que la gente ve la regulación de Trump por lo que es: imprudente, profundamente injusta e inconsistente con los valores estadounidenses fundamentales”, dice Madison Hardee, analista y abogada de políticas del Centro de Derecho y Política Social.

Los expertos advierten que el plan empeorará el hambre, las necesidades de salud insatisfechas y otros problemas al hacer que las familias inmigrantes, incluidas las familias con niños, teman obtener la ayuda que necesitan.

Las personas que han presentado comentarios hasta la fecha que se oponen a la regulación incluyen a funcionarios electos, médicos, despensa de alimentos y otros administradores de agencias de servicios humanos, y voces de la comunidad.

Usted también puede ayudar

Recientemente, los opositores publicaron una carta conjunta firmada por más de 1,500 organizaciones sin fines de lucro que representan una amplia gama de inquietudes, desde la vivienda hasta la fe, el hambre y los derechos de los inmigrantes.

La ley federal requiere que la administración le dé al público la oportunidad de comentar sobre esta propuesta. Los comentaristas no están obligados a dar su dirección o divulgar su estado migratorio.

Los miembros interesados del público pueden obtener más información y enviar comentarios sobre la propuesta en www.ProtectingImmigrantFamilies.org hasta el 10 de diciembre de 2018.

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