Gobierno da ‘sentencia de muerte' a miles de personas que piden asilo

El reglamento dado a conocer por el fiscal general, Jeff Sessions descarta del asilo a miles de personas

El anuncio gubernamental de negar asilo político en Estados Unidos a las víctimas de violencia doméstica y pandilleril de otros países, enardeció tanto a las organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes, que no dudaron en condenar al reglamento y amenazarlo con su desaparición.

El reglamento dado a conocer por el fiscal general, Jeff Sessions descarta del asilo a decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres y jóvenes afectados, especialmente de la violencia que se vive en los países centroamericanos, sostienen los activistas.

El acto “es una violación a la misma ley de inmigración de Estados Unidos y la constitución, la cual les otorga derechos a estas personas que huyen de la violencia para salvar su vida”, dijo Ángela Sanbrano, directora de la Red Mexicana de Organizaciones y Lideres Migrantes.

“En pocas palabras el gobierno está otorgando sentencias de muerte para las personas que piden asilo…lo que es totalmente inhumano”, consideró.

Karen Musalo, abogada defensora del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Universidad de California Hastings College of the Law, recalcó que “lo que hace esta decisión es llevarnos de vuelta a la Edad Oscura de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres y su conceptualización".

Actualmente extranjeros pueden acogerse a la solicitud de asilo si prueban que son perseguidos en sus países de procedencia por raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un particular grupo social o tener una determinada opinión política.

En este caso, abogados de inmigración a través de la nación han logrado que sus clientes obtengan el asilo al discutir que por ejemplo, las personas gay o transgénero pertenecen a un grupo social no aceptado. Asimismo, que las mujeres abusadas o victimas de pandillas pertenecen a grupos amenazados con la muerte.  

A juicio del Centro de Derecho de Pobreza del Sur (SPLC), al cerrar la mayoría de los reclamos de persecución a manos de pandillas delictivas y / o parejas íntimas, Sessions demuestra su desprecio por los inmigrantes y las mujeres.

"También está proporcionando más pruebas de la agenda antiinmigrante de la administración Trump, que separa a las familias, crea miedo en las comunidades y castiga a las personas vulnerables y la persecución en sus países de origen", añade.

USCIS dice que las peticiones de asilo han pasado de 5,100 en 2008 a cerca de 92,000 proyecciones en 2016.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha enviado a más de 15 jueces de inmigración y más de 30 fiscales a la frontera sur para procesar el asilo y otros casos de inmigración.

Tras la cifra arrojada, la senadora Dianne Feinstein señaló que la cifra otorgada de asilos anuales es de menos del 20 por ciento de todos los que lo piden.

“Las víctimas de violencia doméstica han sufrido un trauma indescriptible que les ha impulsado a viajar miles de kilómetros, muchos a pie. Merecen la oportunidad de presentar su caso de asilo ante los tribunales: Eso es lo que exige el derecho nacional e internacional. En cambio, son acogidos con hostilidad mientras son separados de sus hijos", dijo Feinstein.

Al igual, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha dicho que “la decisión de Sessions es una sentencia de muerte virtual para muchas personas".

El acto "no está motivado por los méritos legales sino por la determinación de la administración de reducir la inmigración por cualquier medio, sin importar las consecuencias humanas", agregó.

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