Fianzas elevadas para inmigrantes violan derechos constitucionales dice Corte

El establecer fianzas de varios miles de dólares para personas de bajos recursos viola sus derechos constitucionales según determinó un juez de California, informó la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

Micahel Tan, abogado del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU destacó hoy la reciente decisión del juez Jesús Bernal de la Corte del Distrito Central de California que ordenó “implementar reformas sustanciales en el sistema” de adjudicación de fianzas.

La decisión del juez requiere que “cuando se establece una fianza, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los jueces de inmigración deben considerar la capacidad financiera del detenido para pagarla”, informó Tan.

“Esta importante decisión reconoce que, sin importar su estatus de inmigración, ninguna persona debe permanecer encerrada solamente porque él o ella es pobre, y ayudará a poner fin a la detención innecesaria por parte del Gobierno de inmigrantes que no presenten un riesgo para la comunidad”, declaró al referirse a la decisión Michael Kaufman, abogado de ACLU del Sur de California.

Según detalló hoy Tan en un comunicado, la decisión corresponde al caso Hernández vs. Lynch una demanda presentada en abril por a ACLU en nombre de varios detenidos en el sur de California, “que languidecen en cárceles de inmigración, en algunos casos durante años porque no pueden pagar las exorbitantes cantidades de las fianzas establecidas rutinariamente por ICE y los jueces de inmigración”.

Entre los casos planteados en la demanda figura el de César Matías, un hondureño de 37 años que salió de su país por ser gay, pero en marzo de 2012, agentes de inmigración lo detuvieron, lo encarcelaron en Santa Ana, al sureste de Los Ángeles, y comenzaron su proceso de deportación.

Matías aplicó por un asilo y un juez de inmigración lo encontró elegible para libertad condicional mientras se decida su caso, no obstante pasó los cuatro años siguientes en la cárcel al no poder pagar los 3.000 dólares de la fianza establecidos por el juez.

Al estudiar la demanda, el juez Bernal encontró que mantener una persona en prisión por ser pobre viola sus derechos constitucionales al debido proceso y la igualdad de protección ante la ley.

La decisión del juez requiere que cuando se establezca una fianza, los agentes de ICE y los jueces de inmigración consideren la capacidad financiera de la persona y su habilidad para pagarla, limitándola a una cantidad que asegure que la persona regrese a la corte y consideren alternativas como, por ejemplo, la libertad supervisada.