Tras fallo de la corte, millones de personas se encuentran en el limbo migratorio

La suspensión por parte de la corte de la Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos y Residentes Estadounidenses (Dapa) y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), dejó en el limbo y zozobra a millones de potenciales beneficiarios.

Un grupo de familias latinas expresaron su preocupación, al darse cuenta que la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en New Orleans falló en contra de la implementación de los programas que favorecería a los migrantes indocumentados.

“Queremos que el presidente Obama se ponga los pantalones, que se ponga las pilas y apele esa decisión”, manifestó Claudia Pérez, originaria de Sinaloa, México al saber que la última opción que tiene queda en manos de la Corte Suprema de la nación.

Pérez llegó al Sur de California en 1995, junto a su esposo Gabriel y a sus hijos Saúl y Gabriela. Al poco tiempo nació Karla, ahora de 17 años, por medio de quien la familia podría ampararse a Dapa, según las disposiciones iniciales de este programa.

En este hogar, sólo trabaja el jefe de la familia. Eventualmente, Claudia genera algunos ingresos por medio de limpieza de casas. Su esperanza, afirma la mujer de 47 años, es tener un permiso de trabajo y ayudar a su esposo.

“Nosotros hacemos el trabajo que no realizan los de aquí [estadounidenses] y no lo valoran. Es un golpe muy fuerte que se basen en el color de piel, pero no nos van a tumbar, vamos a salir adelante”, indicó sacando fuerzas de flaquezas.

La fortaleza de Pérez, contrasta con la angustia permanente que vive su hija menor. Karla, nacida en la ciudad de Van Nuys, sabe que sus padres y hermanos corren el peligro de una deportación por no tener ningún amparo migratorio.

“Me da miedo si los separan, ellos son mi vida”, aseveró la estudiante del 12vo grado de secundaria. “Por eso queremos que el presidente nos ayude a recuperar Dapa y que el Congreso que se toque el corazón aprobando una reforma migratoria”.

Ahora que los alivios fueron rechazados, el Departamento de Justicia tiene que apelar el fallo ante la Corte Suprema; el problema es que existe poco tiempo para que el gobierno federal someta la demanda.

Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana Transnacional, consideró que las movilizaciones comunitarias enviarán un mensaje a Obama, que sirvan de contrapeso a las acciones de los estados que se oponen a los programas migratorios.

“Mientras más rápido los abogados del gobierno federal presenten sus alegatos, vamos a tener tiempo para que se implementen Dapa y Daca; de lo contrario, habrá nuevo presidente y no vamos a tener nada”, advirtió la activista.

Expertos legales sostienen que si la demanda fuese presentada hoy, la Corte tendría 30 días para escuchar las respuestas de los estados que exigen la suspensión de los programas que promueve el jefe de la Casa Blanca.

En ese sentido, si el proceso se extiende hasta febrero, el caso se tendría que posponer hasta octubre de 2016, cuando se abra la siguiente sesión de la Corte Suprema. Por lo tanto, sería un tema que quedaría en manos del próximo presidente del país.

“En este momento se está peleando por algo que es temporal, sería un permiso de 3 años, porque sabemos que si el próximo presidente decide terminar el programa, sería suspendido”, señaló la abogada de inmigración Elizabeth Uribe.

La jurista agrega que los alivios migratorios fueron el plan alternativo del gobierno federal, ante la falta de una ley aprobada por el Congreso.

“La solución permanente tiene que salir desde el Congreso, por medio de una reforma migratoria comprensiva, en donde se pongan de acuerdo tanto demócratas como republicanos. Los actuales programas representarían un alivio temporal”, concluyó Uribe.