Familia de joven latino muerto por policía Los Ángeles anuncia acción legal

La familia de Jesse Romero, el quinto latino muerto este año por agentes de Boyle Heights, anunció hoy una acción legal contra la ciudad aledaña a Los Ángeles y su Departamento de Policía por disparar al joven mientras éste huía, según aseguran, desarmado.

Romero, quien hubiera cumplido 15 años el pasado 24 de agosto, murió a causa de dos disparos que recibió cuando huía de la policía el 9 de agosto en esta área del este de Los Ángeles.

“En este reclamo contra la ciudad de Los Ángeles pedimos que compensen a la mamá por la muerte de su hijo, Jesse Romero”, declaró en entrevista con Efe Humberto Guízar, abogado que representa a la familia.

El letrado rechazó la versión de la policía que asegura que el adolescente llevaba un arma con la que amenazó a los agentes antes de ser tiroteado.

“Lo que la policía dice inmediatamente después de estos balaceos es alegar que la persona tenía un arma en la mano, que estaba amenazando a otra gente o que estaba amenazando a la policía. Hemos comprobado que es una completa mentira”, argumentó.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que cuando los agentes respondieron a una llamada denunciando que alguien estaba cometiendo actos de vandalismo con grafiti en una propiedad, encontraron a tres hombres en el lugar señalado.

Detalló que cuando la policía se acercó hacia los tres, Romero “inmediatamente huyó de los oficiales, mientras agarraba la parte frontal de su cintura”, lo que obligó a los agentes a iniciar una persecución a pie “en el sentido este de la avenida César Chávez hasta la calle Breed”.

“Los oficiales oyeron un disparo cuando se aproximaban a la calle Breed”, dice el informe que anota que un testigo vio a Romero disparar un arma en la dirección de los oficiales que lo perseguían.

“Cuando uno de los oficiales miró hacia el sur en la calle Brett desde la esquina suroeste vio a Romero en cuclillas en la acera con su brazo derecho extendido hacia el oficial”.

Temiendo que Romero fuera a disparar, el agente identificado posteriormente por las autoridades como Edén Medina, disparó dos veces al hombre hiriéndolo de muerte.

“Tenemos testigos de que el muchacho no apuntó a la policía. Y la policía tenía cámaras corporales y estamos demandando que nos muestren lo que está en el vídeo de esas cámaras”, alegó el abogado.

Guízar admite que el joven tenía una pistola, pero asegura que la tiró al lado de una reja durante la persecución.

“Estamos admitiendo que el muchacho tenía pistola cuando estaba corriendo pero la tiró. No tenía la pistola en la mano. La pistola estaba al otro lado de una reja, lo que prueba que no la tenía en la mano (cuando le dispararon)”, aseguró el abogado que hoy presentó el reclamo legal en nombre de Teresa Domínguez, madre del adolescente.

En un vídeo suministrado a varios medios de comunicación, se ve al joven Romero tirado en la acera y a un revolver al otro lado de una cerca metálica, a varios metros de su cuerpo.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido más información sobre el caso.

Romero es el quinto hispano muerto por la policía de Boyle Heights este año, enfatizó en declaraciones a Efe Carlos Montes, organizador del grupo Comunidad Servicio y Organización (CSO) y residente de muchos años en esta localidad.

“Como residente y activista puedo decir que estamos hartos de tanto asesinato policiaco, cinco en Boyle Heights desde el 6 de febrero y otro en el Este de Los Ángeles por los sheriffs”, declaró Montes.

“Estamos demandando justicia y un alto al asesinato policiaco y vamos a seguir luchando hasta que ganemos justicia”, aseguró el activista chicano.

Es por ello que CSO está invitando hoy a la comunidad a que llame a la oficina de la fiscal de Los Ángeles para pedirle que “enjuicie a los policías asesinos e investigue los homicidios de José Méndez Peruzzi, Jesse Romero y Edwin Rodríguez”.

La queja legal presentada hoy es la antesala de una demanda contra la ciudad y el Departamento de Policía de Los Ángeles, explicó el jurista.

Señaló que la policía tiene seis meses para contestar la queja legal, pero si en tres meses no han dado una respuesta los representantes de la familia Romero pueden presentar la demanda legal.

Hasta el momento, la querella no establece una suma determinada de dinero como compensación.

“No estamos pidiendo una cantidad especificada de dinero. Lo que queremos es justicia y que el jurado determine el valor de una compensación económica”, dijo Guízar.