Expanden esfuerzos para evitar abuso sexual en las cárceles de Los Ángeles

Una estadística citada por el Departamento de Justicia estima que alrededor de 200,000 adultos y menores de edad bajo custodia en todo el país, son atacados sexualmente cada año.

Sin embargo, se calcula que la cifra puede ser mayor, ya que mucha gente no denuncia a sus atacantes, por temor a la venganza o miedo a los comentarios de otros.

Con estas cifras por delante, los supervisores del Condado de Los Ángeles acuerdan agregar un equipo especial, que se encargaría de evitar los abusos sexuales en las cárceles y centros de detención de L.A.

El equipo se dedicará a implementar planes para los departamentos del sheriff y de libertad condicional, de acuerdo a la moción introducida por la supervisora Sheila Kuehl.

La moción, que también requiere equipos individuales de cumplimiento dentro de cada departamento, es parte de una ley federal que busca cero tolerancias de violaciones dentro de las prisiones y cárceles del país.

Brian Williams, quien dirige la Comisión de Supervisión Civil que supervisa al Departamento del Sheriff, lo llamó al voto a favor “un salto gigante’’.

Sin embargo, reconoció que la Ley Federal de Eliminación de Violaciones en las cárceles del 2003 es “una mandato increíblemente difícil y complejo’’, todo esto en parte a la burocracia y a que muchas víctimas no denuncian.

Los ataques registrados son de reos a reos o inclusive agentes o guardias contra reos.

El incidente más reciente en el Condado de L.A. fue en febrero, cuando Giancarlo Scotti, un agente del alguacil del condado fue acusado de agredir sexualmente a seis reclusas, durante un período de seis meses en el 2017 mientras se encontraban en las instalaciones para mujeres en Lynwood.

A partir de la Ley Federal de Eliminación de Violaciones, la jefe de libertad condicional, Terri McDonald señala que en condado ha habido muchos avances como más capacitación, mejoras en los sistemas de quejas para reportar el abuso, así como se ha reforzado la supervisión en las duchas y otras áreas donde los delincuentes juveniles son especialmente vulnerables.

El departamento también ha estado “diciendo a los empleados que no podemos tener un código de silencio alrededor de esto’’, dice McDonald.

Karen Dalton, directora de la división asistente del departamento del Sheriff, apunta que también es importante educar a los presos “a decir no, y a que pueden informar’’ sobre los abusos que vean a o de los cuales sean víctimas.

Dalton y McDonald señalaron elementos estructurales de las cárceles y centros de detención de menores que obstaculizan la seguridad sexual, incluidos puestos de baño abiertos y escaleras aisladas, pero dicen que resolver esos problemas será difícil y costoso.

En las instalaciones juveniles en todo el país, aproximadamente el 75 por ciento de los ataques son incidentes entre jóvenes, y los números recientes del Departamento de Justicia muestran que la tasa de abuso sexual es tres veces más alta en las instalaciones solo para mujeres, que en los centros de detención para hombres.