Exigen más fondos para descontaminar daños provocados por Exide; asambleísta García promueve petición en línea

Las secuelas de la contaminación provocada por la compañía Exide no toca fondo todavía. Durante varias décadas, esta planta recicladora de baterías produjo, en la ciudad de Vernon, desperdicios contaminantes que incluían plomo, cadmio, arsénico y ácido corrosivo que se expandió por la zona.

Al tiempo que Cristina García, asambleísta por el Distrito 58, impulsa una ley para combatir el daño ambiental, en tres escuelas ubicadas en Maywood, Boyle Heights y Este de Los Ángeles se les instaló barreras metálicas para evitar que los estudiantes entren en contacto con el suelo contaminado.

A criterio de Elizabeth Matamoros, residente en Maywood desde hace 12 años, no se le ha dado la atención adecuada al problema, que se ha expandido a Commerce y Huntington Park, localidades en las que el Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas ha realizado análisis para detectar la presencia de plomo.

“Todas las agencias saben la gravedad del problema, pero quieren limpiar una esquina y se acabó”, cuestionó la asistente médico. “Hay gente que no sabe lo que tiene, se quejaban de olores muy fuertes cuando la fábrica emanaba vapores, pero no tuvieron un seguimiento médico”.

En febrero pasado, la asambleísta García, representante de Bell Gardens, Bellflower, Artesia y Cerritos sometió la iniciativa de ley AB2153. En junio, esa cámara legislativa aprobó 80-0 la propuesta. En el Senado, por su parte, pasó del Comité de Asignaciones al pleno.

Esta propuesta legislativa busca que los fabricantes y consumidores paguen un dólar por cada batería que se venda en California, estos fondos servirían para financiar la descontaminación de Exide y otras áreas en todo el estado afectadas por el ácido que emiten estos artefactos hechos de plomo.

“Exide sigue afectando a mi patio trasero con la contaminación por plomo, este proyecto de ley es extremadamente vital para asegurar la limpieza y llevar alivio a nuestras comunidades”, indicó García, detallando que hasta 50 millones de dólares anuales podrían obtenerse.

Antes de que la iniciativa llegue al escritorio del gobernador, tiene que ser aprobada en el pleno del Senado; por esa razón, circula una petición en internet para que el público exprese a los legisladores su interés en que esta propuesta se convierta en ley.

“Es un buen proyecto de ley porque toma en cuenta la salud y el medio ambiente, aparte de que genera fondos adicionales”, aseguró Martha Jiménez, activista y miembro del comité asesor encargado de vigilar el desmantelamiento de la planta junto a entidades gubernamentales.

En las escuelas Fishburn Avenue (Maywood), Lorena Street (Boyle Heights) y Rowan Avenue (East L.A.), desde la semana pasada, bajo las instrucciones de los reguladores de desechos tóxicos, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) comenzó a colocar cercas metálicas.

Estas medidas se derivan de los análisis de suelo, que se iniciaron el año pasado, en los que se encontró niveles elevados de plomo en cinco de las dos docenas de escuelas dentro de las 1.7 millas alrededor de Exide, donde los reguladores creen que el suelo ha sido contaminado por décadas.

“La preocupación es grande porque es plomo”, aseguró Aidé Castro, vice-alcalde de Lynwood, funcionaria que le ha dado seguimiento al caso, en el que según las agencias estatales estarán contaminadas 10,000 casas en al menos seis comunidades del sudeste angelino.

La planta funcionó desde 1922, arrojando contaminación tóxica en el aire. Exide, con sede en Georgia, la adquirió en el año 2000. La compañía, con una extensión de 15 acres, funcionaba las 24 horas del día y los siete días de la semana procesando cerca de 25,000 baterías al día.

Óscar Magaña llegó a Maywood a la edad de 10 años. Desde entonces, afirmó el exalcalde de esa ciudad, estaban siendo afectados por esa empresa. Si bien la planta fue cerrada en marzo de 2015, consideró que la presión tardó que hiciera efecto porque el problema era en un vecindario latino.

“Si estuviéramos en Beverly Hills la limpieza ya se hubiera hecho, pero como es una comunidad de bajos recursos y latino, las organizaciones medioambientales pasaron más de 10 años presionando para que les escucharan; es lo que ellos llaman racismo ambiental”, puntualizó Magaña.

Durante 30 años, el estado le permitió a la planta funcionar con permisos temporales, a pesar de contarse con más de 100 violaciones, incluyendo el goteo de plomo y ácidos, así como un estanque de lodo tóxico, enormes grietas en el suelo y niveles peligrosos de plomo en el piso exterior.

La clausura de la compañía fue resultado de un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, en el que los propietarios eludieron cargos por años de delitos ambientales, al comprometerse a pagar 50 millones de dólares para demoler y limpiar la planta, así como 9 millones para quitar el plomo de las casas.