Exigen investigación sobre anulación de TPS; alegan racismo

Activistas comunitarios y políticos se unen para exigir la razón por la cual el presidente Donald Trump anuló el Estado de Protección Temporal (TPS) para unos 315 mil beneficiarios.

El representante Jimmy Gómez, encabeza a 82 demócratas de la Cámara de Representantes que piden una investigación oficial sobre la terminación para los que eran beneficiados de Sudán, Nicaragua, Nepal, Haití, El Salvador y Honduras.

Gómez (CA-34) dirigió su petición por escrito al Inspector General Interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John V. Kelly, solicitando “una investigación inmediata sobre irregularidades y acciones potencialmente ilegales derivado de la decisión de la administración de cancelar el beneficio”, dice la misiva.

“Estados Unidos siempre ha aspirado a ser un refugio seguro para aquellos que buscan escapar de la guerra, los desastres, la pobreza y la violencia”, dice el representante Gómez.

“Es por eso que el Congreso estableció el programa TPS: para proteger a aquellos en nuestra nación que no podían regresar a su propio país de manera segura… Le pido al inspector Kelly que tome medidas inmediatas para investigar si estas decisiones se tomaron ilegalmente sobre la base de presiones políticas o consideraciones raciales”, agrega.

Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal. Inc. (CLÍNICA) sostiene que en el transcurso de las 12 decisiones del TPS de la administración, se ha visto “un innegable patrón de irregularidades sobre cómo se han tomado las decisiones y cómo se han implementado”.

“Una investigación del Inspector General del DHS sobre el proceso que se siguió es un paso esencial para garantizar que nuestro gobierno respete la ley y trate a los seres humanos vulnerables con dignidad y respeto, prestando la debida atención a su seguridad y unidad familiar”, asevera.

A juicio de Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el presidente canceló el programa por racismo, xenofobia y la ignorancia.

“Terminar el programa de manera tan abrupta, incluso cuando los datos muestran claramente que siguen existiendo condiciones peligrosas, en el mejor de los casos es imprudente y criminal en el peor. Una investigación sobre el final objetable de TPS por el presidente Trump debería dar respuestas”.

Recientemente, el juez de distrito de Estados Unidos George Hazel emitió una opinión afirmando que las acciones de la administración probablemente fueron motivadas por racismo.

“Uno difícilmente podría encontrar evidencia más directa de una intención discriminatoria hacia los inmigrantes latinos”, escribió el juez Hazel.

“En general, ha pintado a los inmigrantes latinos como usuarios de drogas, criminales y violadores. Y, solo tres días después de que la secretaria anunciara la terminación del TPS para El Salvador, el presidente supuestamente llamó a El Salvador y Haití países ‘condenados’ y expresó su preferencia por los inmigrantes de países mayoritariamente blancos como Noruega”, sostuvo el juez.

Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro Centroamericano de Recursos (CARECEN), enfatiza que la investigación es necesaria en un caos donde miles de titulares han vivido en Estados Unidos por décadas y cuyos hijos son nacidos en este país.

“Las terminaciones del TPS se basaron claramente en el racismo y deben investigarse exhaustivamente”, dice Arévalo.

* La carta pide que se investigue los alegatos de mala gestión, conducta ilegal y violaciones de las políticas, regulaciones o leyes existentes mientras;

* Recomienda la acción disciplinaria apropiada para ser considerada por el secretario de DHS y el director de USCIS para las personas involucradas en lo anterior;

*Recomendar políticas, orientación y capacitación integrales para que sean consideradas por el secretario del DHS y el director de USCIS para prohibir que la conducta ilegal se repita en el futuro.

“Tanto el impacto humanitario como el económico serán significativos, una vez que el TPS expire para los salvadoreños, hondureños y haitianos en 2019”, enfatiza el Reverendo, Monseñor Gregory A. Cox, Director Ejecutivo de Caridades Católicas de Los Ángeles.

Los hijos ciudadanos estadounidenses de los titulares de TPS, que viven en ciudades como Los Ángeles, se enfrentan a la posibilidad de estar separados de sus padres o de ser obligados a mudarse a un país que nunca han visitado y que se encuentra en una agitación política”, agrega.