Exigen a la ciudad detener las multas a los vendedores ambulantes

Rosa Guardado vende perros calientes en el centro de Los Ángeles. La señora dice que por no tener permiso, las autoridades la multan hasta tres veces por mes, lo que le representa un gasto de hasta 600 dólares.

“Yo sé que las ventas ambulantes son ilegales, pero me quedé sin empleo desde hace dos años debido a una fractura en la espalda”, dice Guardado. “Tengo hijos que mantener, médico y renta que pagar”, agrega la señora.

Para ayudar a los vendedores como Guardado, un grupo de activistas comunitarios le han pedido a los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles, dejar de imponer las multas mientras estudian la posibilidad de legalizar las ventas de comida y otros artículos en las zonas públicas de la comunidad.

La ciudad tiene más de un año trabajando en un plan que permitiría las ventas ambulantes.

“Le pedimos a la ciudad que tenga compasión de nosotros. No queremos darles molestias, simplemente queremos ganarnos la vida de forma digna, y para ellos necesitamos esos permisos que nos han estado prometiendo”, dijo Margarita Ochoa, una ambulante de MacArthur Park.

Para hacerle frente al problema, varios vendedores se plantaron también esta semana afuera del ayuntamiento de la ciudad insistiendo en que los funcionarios dejen de multarles.

Abogados del National Laywers Guild en Los Ángeles, señalan que no solamente los vendedores ambulantes están sujetos a multas que van desde los 300 dólares a los 1,000 sino también enfrentan multas de las cortes.

“Nos gustaría tener este acuerdo no solamente en un área como MacArthur Park sino en toda la ciudad, ya que se estima que hay hasta unos 50 mil vendedores que se podrían beneficiar de los permisos”, declaró la licenciada Cynthia Anderson-Barker, de National Lawyers Guild.

Pero ese no es el único problema para algunos vendedores, sino también el miedo de enfrentar cargos menores por ser indocumentados.

Asimismo, Isela Gracian, de East Los Ángeles Community Coalition, y quien lleva a cabo un movimiento para legalizar las ventas, señaló. “Llevamos años pidiendo los permisos, lo único que estas personas quieren es trabajar”.

De manera formal, los vendedores y activistas enviaron una carta en mayo a Mike Feuer, procurador de la ciudad, donde le piden dejar de perseguir delitos menores e infracciones contra los vendedores.

Asimismo, la misiva pide que se desestimen las citas no penales que se les imponen a los vendedores “quienes sufren dificultades financieras significativas cuando se les requiere pagar sus multas”.

Tales multas, que son impuestas como parte del Programa Administrativo de Aplicación de Multas, van desde los 250 a los 1,000, dependiendo del número de veces que se han realizado las violaciones, dicen los vendedores.

Según Rob Wilcox, portavoz de la Procuraduría de Los Ángeles, esta agencia ha emitido 169 infracciones administrativas desde octubre del año pasado al presente.

Los activistas también le han hecho llegar a la oficina del alcalde Eric Garcetti otra carta donde urgen adoptar un programa de permisos.

La carta fue firmada por varios simpatizantes como UCLA Labor Center, Public Counsel.

La discusión sobre la propuesta de permisos parece haberse congelado en el Comité de Desarrollo Económico, ya que el concejal Joe Buscaino, quien encabeza el comité, no le ha puesto una fecha a la audiencia.

Aunque la oficina de Buscaino no respondió, el concejal Curren Price sostuvo que el tema es controversial y el concilio “todavía está tratando de llegar a un acuerdo que debe de abordar adecuadamente las preocupaciones planteadas por mis colegas del concilio, líderes y la comunidad en general”.

Fredy Ceja, vocero del concejal Gill Cedillo, dijo que su jefe ha estado alentado al comité ha dar una fecha para hablar del tema antes de que termine el año.

Por su parte, la procuraduría ya aceptó tener una junta con los activistas a finales de este mes.