Exbraceros en California exigen justicia a Corte Suprema mexicana

La fuerza con la que llegó a Estados Unidos se ha ido perdiendo con los años. Las canas son evidentes y las callosidades en las manos son las huellas del trabajo en los campos agrícolas. Elías Zapata, oriundo de Jalisco, México no pierde la esperanza de que se haga justicia.

“Hay que decirle al presidente Enrique Peña Nieto que pague”, dijo con firmeza el exbracero, uno de la veintena que acudió al consulado mexicano en Los Ángeles, a entregar una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia de su nación de origen. “No somos 2 ó 3, somos millones”, aseveró.

Se estima que en la Unión Americana hay alrededor de 800 mil exbraceros. Estos inmigrantes llegaron entre 1942 y 1964 para cubrir la mano de obra que hacía falta debido a la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo el gobierno azteca recibió el 10% de cada pago de salario.

Zapata, radicado en Santa Ana en 1957, afirma que ese dinero que se acumuló en el Fondo de Ahorro nunca lo recibió. En efecto, la devolución que se ejecutaría al regresar a suelo mexicano no se implementó. “Se clavó el dinero [el presidente] Luis Echeverría”, manifestó.

Desde el 2006, los exbraceros sobrevivientes y familiares de los fallecidos han entablado una lucha legal. Al menos cuatro demandas de amparo han sido sometidas. Este 19 de octubre un grupo, en la Ciudad de México, comenzó un ‘plantón’ para pedirle a Corte que emita un fallo a su favor.

El 26 de octubre próximo los magistrados van a decidir sobre el recurso que el presidente Peña Nieto interpuso, pidiendo una revisión a la decisión de una jueza que aprobó, el 29 de febrero anterior, la demanda presentada por 5,737 extrabajadores agrícolas, viudas e hijos.

“Es una lucha por la justicia”, aseveró Rosa Martha Zárate, líder de la Alianza de Exbraceros del Norte, con representación en los estados de Nevada, California, Arizona y Washington. “Estamos solidarizándonos con todos los que están en el ‘plantón’ frente a la Suprema Corte”.

A juicio de Zárate, estos migrantes han sido víctimas de un doble fraude y como se plantea en la carta enviada a los magistrados de la Corte se consideran “sobrevivientes de una página de la historia de la migración en México que debe conocerse en su crueldad y criminalidad”.

En la misiva plantean que por “las limitaciones físicas, económicas propias de nuestra edad, así como la lejanía, nos impiden viajar”; sin embargo, aprovecharon para denunciar al gobierno mexicano al abandonarlos y permitir el incumplimiento laboral por parte de Estados Unidos.

“Ese gobierno cometió toda clase de violaciones contra la dignidad humana; las condiciones de esclavitud a las que fuimos sometidos, la fumigación con pesticida, los accidentes laborales; la creación de un Fondo de Ahorro que nunca llego a nuestras manos”, puntualizaron.

“Hasta el día de hoy los convierte en cómplices del mismo crimen”, agregan en la carta.

Los inmigrantes aseguran que el Programa Bracero seguirá siendo evidencia de un “mecanismo de explotación, abandono, expulsión de mano de obra barata, trata de esclavos. Nosotros y nuestras familias, damos testimonio y contamos con un sinfín de prueban”.

Al señalar que es un crimen de lesa humanidad, como lo han calificado instancias internacionales, afirman que cuenta con el respaldo de los que quedaron en el camino, representados por sus descendientes.

La carta concluye apelando a la responsabilidad de los magistrados, esperando que se cumpla el artículo cinco de la Constitución mexicana en la que se afirma que: “Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución jurídica”.