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Escarmiento a Policía de Los Ángeles por muerte de latino: ‘Una palmada en la mano’

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Fred Barragán no tenía armas consigo mismo cuando los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron y le dispararon, dicen sus padres.

Ahora, la ciudad de Los Ángeles deben pagar 475,000 en un acuerdo extra judicial con el abogado de la familia de Boyle Heights.

El agente que le disparó Barragán, de 35 años de edad, respondió a una queja de disparos afectados en el área, un 25 de marzo del 2017.

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La policía sostuvo que el agente Héctor Almeda abrió fuego contra Barragán después de que intentó huir a pie y luego le apuntó con un arma al agente.

Según documentos de las autoridades, una pistola fue encontrada cerca del cuerpo de Barragán, misma que un estudio forense demostró que estaba conectada a la balacera que se había propiciado antes de llegar las autoridades.

Si matas vas a la cárcel, esto debe de aplicar para el sheriff y la Policía… En muchos casos no hay excusas para la brutalidad”

— Carlos Montes, miembro del Centro CSO y activista para los derechos chicanos

Los residuos de disparos fueron también encontrados en la mano de Barragán.

De acuerdo a las autoridades, todo empezó cuando justo después de la medianoche los agentes patrullaban el área de las calles First y Soto cuando escucharon múltiples disparos.

Almeda y su compañero estaban en el coche de escuadrón, y al manejar hacia el oeste, en First Street, vieron a Barragán e intentaron detenerlo.

La policía dijo que Barragán huyó, no respondió a las demandas de los agentes de detenerse, y Almeda tuvo que dispararle a Barragán al momento que este le apuntó con un arma.

No obstante, el abogado de la familia dijo que “no hubo un aviso para Barragán, estaba desarmado y no había cometido ningún crimen”.

Para los activistas locales, las muertes de los latinos en Los Ángeles es un tema que no le interesa a la policía o los funcionarios de la ciudad.

Carlos Montes, miembro del Centro CSO y activista para los derechos chicanos, señaló que estos casos se repiten una y otra vez, y raramente resulta un agente culpable.

“Si matas vas a la cárcel, esto debe de aplicar para el sheriff y la Policía… En muchos casos no hay excusas para la brutalidad”, dijo Montes.

“Los políticos deben poner mucha atención a estos casos, porque ya son muchas las familias que han perdido hijos en las manos de las autoridades, los que se supone que deben de protegernos”, agregó.

Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace, señaló que el dinero de acuerdos extra judiciales que reciben muchas familias afectadas es “una palmada en la mano para los agentes que cometen brutalidad”.

“Puedes callar a las familias por un rato, pero su dolor nunca va a callar…La comunidad debe responsabilizar a los políticos de estas muertes”, agregó.

Los activistas le hacen un llamado al Fiscal de Distrito Jackie Lacey a reconsiderar los casos de las muertes injustificadas.

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