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El secuestro de 25 inmigrantes en territorio mexicano causa alerta en EEUU

Activistas condenan ataques contra los inmigrantes responsabilizando a la administración Obama por la represión, debido a la militarización que se ha impulsado en la frontera sur de México a iniciativa de Washington.

Activistas condenan ataques contra los inmigrantes responsabilizando a la administración Obama por la represión, debido a la militarización que se ha impulsado en la frontera sur de México a iniciativa de Washington.

(Archivo/Hoy)

El paradero de 25 inmigrantes capturados por un grupo del crimen organizado en Oaxaca, México es desconocido; el hecho generó alerta en la comunidad centroamericana, por ser los oriundos de Honduras, El Salvador y Guatemala los que utilizan esa ruta hacia Estados Unidos.

En un operativo, realizado este 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó una camioneta con los inmigrantes. A pesar de aumentar la velocidad, los agentes le dieron alcance; sin embargo, el grupo fue interceptado por cinco hombres armados que iban en motocicleta.

“Es una violación a los derechos humanos”, señaló Rosa Posada, presidenta de la Unión de Guatemaltecos Emigrantes, cuestionando a la vez que no exista una política firme de los gobiernos centroamericanos para detener las vejaciones y crímenes que sufren en territorio mexicano.

“Se deberían tener peticiones para el gobierno de México para controlar esta situación”, agregó la activista chapina. “No se ve que trabajen para solventar este problema, tiene que ser una alianza centroamericana para presionar y que pongan atención”.

En los consulados de Guatemala y El Salvador en Los Ángeles no han canalizado ninguna denuncia relacionado a este secuestro.

Este tema, aseguró Roberto Archila, cónsul guatemalteco, es una preocupación permanente. Ante el peligro que representa el cruce por suelo azteca, su gobierno impulsa una campaña educativa en los departamentos occidentales como Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y El Quiché.

“Ponen en riesgo la vida”, indicó Archila al destacar que es difícil evitar que la gente salga. En la campaña “¿Qué pasa, qué hago?” utilizan videos, que se divulgan en gobernaciones y alcaldías, tratando de “hacer conciencia de lo difícil de viajar por tierra y los graves peligros que corren”.

Estas medidas son compartidas por los países del Triángulo Norte, las cuales de forma conjunta se han implementado en la región, al mismo tiempo que el gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto militarizó la frontera sur, bajo presión de la Casa Blanca.

María Mercedes López, cónsul de El Salvador, apuntó que su gobierno habilitó una nueva sede consular en San Luis Potosí, sumándose a las oficinas en Chiapas, Veracruz y Monterrey para dar asistencia a sus connacionales al ingresar al territorio mexicano.

“Toda la red consular ha sido reforzada”, valoró la funcionaria, detallando que en la nación vecina operan como agencias consulares, es decir que “es un concepto de ser más móviles, porque las rutas cambian”. En los próximos días se definirá la ubicación de otra oficina en el norte de ese país.

Militarización

Con esta política, la administración de Barack Obama le apostó a detener la migración indocumentada, luego de la ola masiva de 68,000 menores no acompañados que ingresaron a la Unión Americana en el 2014, huyendo de la violencia en la región.

A juicio de Ángela Sanbrano, presidenta del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), los inmigrantes están vulnerables ante el crimen organizado porque saben que el gobierno azteca está fungiendo como la policía fronteriza de Estados Unidos.

“Estamos exigiendo transparencia y que pongan un alto a los fondos que se está enviando a los gobiernos de México y Centro América, porque están militarizando las fronteras, violando el derecho al libre tránsito”, manifestó la defensora de los derechos humanos.

Sanbrano aseguró que un grupo de organismos se ha reunidon con los congresistas Alan Lowenthal, Norma Torres y Judy Chu para enviarle una carta a Obama; asimismo, se está solicitando que se desarrolle una audiencia en la Casa de Representantes para escuchar testimonios de las violaciones.

“Están criminalizando y reprimiendo a los migrantes”, cuestionó la activista, al puntualizar que esta política se ha implementado “sin abordar y resolver las causas del problema que empuja a la gente a salir”, que en su mayor parte se debe a la pobreza, desempleo y violencia.


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