El Salvador: zona de violencia y asesinatos contra comunidad transgenero

Maybelline Rivas tenía 10 años de edad cuando sus padres la echaron de su casa por identificarse como mujer cuando nació en el cuerpo de un hombre.

A los 11 años de edad, la niña fue expulsada de la escuela por no quererse vestir como varón. Sin hogar y apoyo económico, la menor terminó en las garras de la prostitución a los 12 años de edad.

La dificultades que pasó en su niñez, el rechazo y la falta de apoyo, llevaron a Rivas, a formar una organización de apoyo para personas como ella, fue así que surgió la Asociación Solidaria para el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoíris Trans, que trabaja y aboga por los derechos del sector LGBT en ese país.

Hoy, a los 29 años, Rivas llega a Los Ángeles para denunciar y dejar en descubierto los crímenes de odio que la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgenero (LGBT) enfrentan en El Salvador.

Su mensaje es simple, señala la activista: “Estamos cansadas de la violencia, el crimen de odio y los asesinatos contra las personas LGBT en nuestro país y, especialmente, los asesinatos contra las personas transgenero como yo”.

Desde 1999 a la fecha, se han registrado por lo menos unas 529 asesinatos de personas LGBT en El Salvador. En lo que va del año, 26 personas LGBT han sido asesinadas y de estas unas 19 son trasngenero.

Sin embargo, “el gobierno de El Salvador no responde a los homicidios como crimen de odio sino los generaliza. Lo peor de todo es que ninguno de estos asesinatos han sido investigados, no hay arrestos, no hay juicios… y es hora de que haya justicia”, sostiene.

Crisis de tolerancia

Aquí en Los Ángeles, la asociación ASPIDH Arcoíris Trans fue homenajeada esta semana por la lucha que ha llevado a cabo en El Salvador desde hace 11 años, no obstante “hay mucho por hacer”, dice Rivas, quien recibió el honor junto con otras cuatro mujeres transgenero.

Y es que a pesar de ser un país progresista, el sector transgenero se queda atrás en educación y salud, servicios que se les son negados al momento de que sus tarjetas de identificación no concuerdan con el “look” de mujeres u hombres que siempre han sido.

Raiza Daniela Hernández, de 30 años de edad, ha sido víctima de ese sistema, asevera.

“Desde que tengo uso de razón, sentí estar en el cuerpo no adecuado. Me ponía los zapatos de mi mami, sus blusas, su maquillaje y veía telenovelas a escondidas”, dice Raiza, ahora miembro de ASPIDH.

“Me salí de mi casa a los 13 años porque mi familia era conservadora, mi padrastro era machista y me pegaba por comportarme como niña”, sostiene.

En la calle, Hernández fue golpeada por las mismas autoridades y por grupos delincuentes. Conseguir trabajo siempre y servicios de salud hasta la fecha le ha sido difícil simplemente por identificarse como mujer.

“En El Salvador si no eres peluquera o vendes tu propia mercancía, no tienes otro medio de ingresos. Por lo que muchas caen en la prostitución”, asevera. “Lo mismo sucede con el servicio médico porque no somos reconocidos con el sexo que nos hemos identificado”, agrega.

En la calle, Hernández ha sido llamada sidosa abominación, basura y mierda.

“Un hecho es que ningún ser humano es eso ni merece que le llamen así. Por eso le pedimos a la gente que se eduque sobre el tema, que sean tolerantes porque mañana puede ser su hermana, su prima, su hija una persona transgenero”, dice Hernández.

En busca de una mano

La visita de ASPIDH, le deja saber a la comunidad LGBT de California, que el problema de odio y la falta de servicios para este sector es internacional.

“Buscamos ayuda de la comunidad aquí. Queremos alianzas para hacer esos cambios, queremos la atención que se merece todo ser humano”, dijo Camila Portillo, miembro de ASPIDH.

La ley en El Salvador

Justo este año, el gobierno de El Salvador aprobó una ley para agravar las penas de 30 a 50 años para las personas que comenta un homicidios cuando el crimen sea por discriminación racial, étnica, política, de género o por orientación sexual.

“Esto es un gran adelanto, lamentablemente las mismas autoridades no aplican la ley”, indica José Artiga, director de la Fundación SHARE, en San Francisco, que lucha por la justicia social y económica de ese país.

Por esta razón, Tessie Borden, vocera de CARECEN, “es importante darle un espacio a este sector para que sus voces sean escuchadas”.

Y es que “de todos los sectores que necesitan ayuda”, el sector “transgenero es el más vulnerable”, dijo Borden.

Para apoyar a la organización, los interesados pueden visitar la pagina de CARECEN a https://www.carecen-la.org