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El futuro de los hijos de los TPSianos bajo fuego; ¿qué pasará con estos niños?

El futuro de los hijos de los TPSianos en fuego: ¿Qué pasará con estos niños?
(Getty Images)

En unos meses Humberto deberá tomar la decisión de su vida, salir de Estados Unidos hacia su natal Nicaragua con su hija de 10 años o dejarla en este país con unos tíos para que continúe su educación.

La pequeña Norma es ciudadana estadounidense, mientras que Humberto es beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual fue recientemente cancelado para unos 5,300 nicaragüenses por parte de la administración del presidente Donald Trump.

“El gobierno nos ha dado 12 meses para buscar otra vía al estatus migratorio u organizar nuestra partida, pero no creo que haya pensando qué va a pasar de nuestros hijos… ahora mismo yo no sé qué hacer”, dice Humberto.

Esta es la pregunta que cientos de miles de beneficiarios centroamericanos y activistas proinmigrante se están haciendo en este momento, ya que con la cancelación del TPS para los haitianos y los nicaragüenses, es probable que la cancelación para los hondureños y los salvadoreños sea eminente.

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Simplemente, el Center for Migration Studies estima que los salvadoreños, hondureños y haitianos tienen un total de 273,200 niños ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, esto sin contar los hijos de los nicaragüenses.

Si se elimina el TPS, estos niños estadounidenses también enfrentarían serios riesgos, afirma el centro.

Los menores “tendrían que enfrentar la separación de sus padres o verse obligados a mudarse a un país que les sea ajeno. Incluso se ha descubierto que el temor a la separación de la familia o la deportación de los padres tiene efectos perjudiciales sobre el bienestar cognitivo y psicológico de los niños”, agrega la entidad.

En promedio, los beneficiarios de Honduras y Nicaragua han vivido en Estados Unidos durante 22 años, los de El Salvador un promedio de 21 años y los amparados de Haití alrededor de 13 años.

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Para Humberto, la preocupación por su hija no solo se limita a buscar al familiar que acceda a cuidar de la menor, sino en su salud tras no convivir con él más.

“Cierro los ojos e imagino su sonrisa, cuando llego a la casa y cómo me abraza, y cómo me pide ayuda para las tareas… Aunque en esta país ella tiene más posibilidades de ser alguien en la vida, me puedo imaginar lo que va a sufrir y cómo podría hasta deteriorar su salud y atención en la escuela”, dice Humberto.

Un estudio realizado por Human Impact Partners descubrió que solo en el 2012, cuando las deportaciones alcanzaron niveles récord, aproximadamente 152,000 niños que eran ciudadanos se quedaron sin padres.

De 1998 al 2012, más de 660,000 niños sufrieron una separación tan traumática de un padre que dio como resultado que decenas de miles de niños sufrieran disminuciones en su salud física, tuvieran peores resultados educativos, y experimentaron tasas más altas de pobreza e inseguridad alimentaria.

El estudio también reveló que en las encuestas de padres indocumentados, tres cuartas partes dijeron que su hijo mostraba síntomas de trastorno de estrés postraumático. Casi la mitad dijo que su hijo estaba ansioso.

Los activistas protestan que los “tpsianos” han hecho sus vidas en Estados Unidos, comprado vivienda, establecido negocios y tenido hijos que han asimilado la cultura y el idioma.

Guisell Martínez, beneficiaria del TPS, se siente aterrorizada por las cancelaciones y la forma en la que el gobierno da meses de “vida artificial” a las personas que han vivido décadas en este país.

“Años trabajando como conserje, he construido una vida con un esposo y mis hermosos hijos. Mi destino sigue en el limbo”, dijo la madre de familia.

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“Perdería mi trabajo y mi marido también. Perder TPS me separaría de mis hijos mayores y mis dos hijas más jóvenes que tienen ciudadanía estadounidense. Estoy realmente preocupado y asustada”, agregó.

En este caso, el esposo de Martínez se quedaría a vivir con sus hijas en Estados Unidos.

Respecto a los daños colaterales de las cancelaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el encargado de tomar las decisión sobre este programa, se ha limitado a decir que los receptores del TPS de Nicaragua y Haití “ya no necesitan del alivio”, el cual como dice su nombre “es temporal”.

Max Arias, director ejecutivo del sindicato SEIU Local 99, sostiene que no hay explicación alguna para terminar este programa.

Poner fin a este alivio migratorio destruirá a las familias que escaparon de la guerra y el desastre. “Tendrá efectos reverberantes en sus hijos, cuya estabilidad y seguridad quedarán de repente en entredicho”, dice Arias.

Los activistas están de acuerdo en que no importa qué suceda con cada menor, las consecuencias a nivel mental y físico serán devastadoras, por lo que el Congreso debe encontrar una póliza de inmigración humana para conservar a estos niños con sus padres.


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