Primero las medallas luego cárcel

Al ingresar a la cárcel, Mario Granados le contaba a su madre que era violado físicamente, golpeado y electrocutado dentro de las instalaciones.

Sus últimas quejas fueron hace unos tres meses cuando el veterano de las fuerzas armadas sin explicación, pidió no tener comunicación con su madre y hermana.

“Mi hijo daba la vida por defender este país y ahora lo tratan peor que perro”, narra.

Matilde Martínez, madre del soldado de 36 años de edad que fue encarcelado hace casi dos años y a pesar de sufrir estrés postraumático, aún no ha sido trasladado a un hospital para personas con problemas mentales.

Este es el escenario que viven y enfrentan cientos de veteranos quienes sufren de algún tipo de incapacidad mental, todos, ex combatientes que dieron su vida por el país y ahora se encuentran “en el lugar equivocado”, dicen activistas. Arriesgando su vida y atentando con la de otros reos debido a un sistema donde nadie toma responsabilidad.

“Siento que mi hijo va a morir en la cárcel. Ya tiene mucho tiempo allá adentro para un enfermo”, dice Martínez, quien asegura estar viviendo una pesadilla que no le desea a nadie.

Condecoración y castigo
Granados fue condecorado luego de servir 13 años en el Ejército. Su último servicio fue en Afganistán e Iraq en el 2012.

Ese mismo año a su regreso, la familia del veterano empezó a ver un comportamiento extraño en él.

“Mi hijo hablaba solo, no salía de la casa, decía que lo iban a atacar y se ponía a ver el teléfono buscando no sé qué”, dice la residente de El Monte.

La familia se apresuró a buscar ayuda y el joven fue atendido en el Hospital Loma Linda, de la oficina de Asuntos para Veteranos (VA), donde recibió tratamiento para luego ser dado de baja.

A pesar de pedir auxilio continuó, “el VA nos dijo que no podían hacer nada” alega la madre.

Durante ese tiempo el joven se convirtió en indigente, empezó a consumir drogas porque no contaba con medicamento e intentó suicidarse dos veces.

Para el 2 de diciembre del 2013, Granados agredió a un sujeto con un arma de punzo cortante en la ciudad de Fontana, según datos del incidente.

Granados fue arrestado al día siguiente de haber cometido el delito no sin antes agredir a los agentes que le pegaron con un batón y lo controlaron con una pistola eléctrica.

Finalmente el excombatiente, quien supuestamente estaba drogado, fue trasladado a West Valley Detention Center en Rancho Cucamonga, donde aún permanece.

La familia alega que la oficina de Asuntos Veteranos nunca envió el record médico al defensor público de Granados para agilizar su traslado y sostiene que cinco abogados que han llevado el caso nunca se han preocupado por obtener el récord.
En cualquier momento dado, hay aproximadamente 50 reclusos en la cárcel del sistema del Condado de San Bernardino que son declarados mentalmente incompetentes para ser juzgados y que son referidos a un hospital especializado, según datos del condado.

Castigo excesivo
Pero Martínez no es la única que piensa que su hijo ya lleva mucho tiempo en la cárcel.

Adrienna Wong, una abogada de ACLU, señaló que el veterano debió de ser trasladado a un hospital mental de inmediato después de que las autoridades supieron de su trastorno.

“Un individuo mentalmente incompetente puede ser víctima de ataques, acoso y hasta violación por otros reos. Asimismo, los reclusos también enfrentan el peligro de ser atacados”, dijo Wong.

La abogada declaró que en California, a cientos de personas con incapacidad mental se les niega el derecho del traslado.

“De hecho ACLU presentó una demandan en julio contra el gobierno estatal por que los hospitales han fracasado en admitir individuos imposibilitados de enfrentar un juicio, lo que afecta a muchos inmigrantes en esta situación”, dijo Wong.

La demanda contra el Department of State Hospitals (DSH) y el Department of Developmental Services (DDS), alega que los dos organismos están dejando a los acusados vulnerables a languidecer en la cárcel, negándoles tratamiento y su derecho a un proceso.

Bajo la ley estatal y federal, las personas que carecen de la capacidad para comprender la naturaleza de los procedimientos judiciales, no pueden ser juzgados o condenados. El DSH o DDS debe trasladarlos fuera de la cárcel en el momento oportuno para que puedan ser evaluados, tratados, y, si es posible, rehabilitados para que puedan regresar a la corte y hacer frente a sus cargos.

Pero en California, “los acusados esperan varios meses, a veces más de un año, antes de ser transferidos”, dijo Wong, quien no le extrañó el caso de Granados.
Gregg Cain, coordinador comunitario para el VA, en el Condado de Los Ángeles, señaló por su parte que ha visto casos donde los veteranos permanecen encarcelados más de lo debido.

“Desafortunadamente cada caso es diferente y las autoridades de cada condado lidian de acuerdo a cada individuo”, dijo Cain.

Si Granados estuviera en Los Ángeles, por decir, “nosotros hubiéramos llevado su récord a la cárcel y hablado tanto con los fiscales como con los defensores para acelerar el proceso”, aseveró.

Por si no fuera suficiente

A parte de la salud de Granados, su madre se preocupa por los alegatos de abuso físico contra su hijo.

El uso de la fuerza excesiva contra reos con discapacidad mental, es otro problema que enfrenta la nación, según un reporte de Human Rights Watch.

El informe revelado este año describe incidentes en los cuales el personal penitenciario roció a los internos con productos químicos, les descargó pistolas eléctricas y los mantuvo sujetados a sillas o camas durante varios días.

“Se aplica la fuerza contra internos incluso cuando, debido a su enfermedad, no pueden comprender ni cumplir órdenes del personal”, indicó Jamie Fellner, una asesora de la organización.

Se estima que uno de cada cinco presos en Estados Unidos padece de graves problemas de salud mental como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión.

El caso de Granados
Rosa Ayala, actual abogada de Granados dijo no poder explicar la razón por la cual su cliente aún está encarcelado.

Hace unos días la corte declaró que Granados no puede enfrentar un juicio debido a su enfermedad, por lo que su traslado a un hospital especializado se planea hasta enero.

Irónicamente en agosto fue inaugurado un centro para reos discapacitados en el Condado de San Bernardino, donde se encuentra Granados.

Terry Fillman, administradora de salud para el Departamento del Sheriff de dicho condado dijo al periódico The Sun que el tiempo promedio para tratar a un reo y hacerlo mentalmente competente para su juicio toma alrededor de 57 días.

Mientras tanto, la madre del veterano ora por el bienestar de su hijo. El 19 de octubre, un reo fue descubierto muerto en su celda. Esta es por lo menos la tercer muerte en el 2015 de un recluso dentro de West Valley Detention Center.