De brutalidad a condenas injustas le llueven los litigios millonarios al condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles se encuentra inundado con litigios que le cuestan sumas millonarias anualmente. Simplemente durante el año fiscal 2016-2017, un informe de la junta de supervisores destacó que se gastó más de $145 millones peleando y pagando demandas.

Entre los litigios se encuentran alegatos de condena injusta, uso de fuerza excesiva de parte de los agentes del sheriff e inclusive negligencia médica en sus hospitales, así como violación de las leyes federales de agua potable.

Según el informe, casi la mitad del total de $145 millones fue gastado en honorarios y gastos de abogados.

Los otros $70.2 millones se invirtieron en resolver 242 casos de forma extrajudicial y otros $9.1 millones para cumplir el proceso de nueve sentencias.

Entre las demandas que ganaron más dinero se encuentra la de Francisco Carrillo, quien ganó $10.1 millones. Carrillo pasó 20 años en prisión por un tiroteo fatal en Lynwood, antes de que un juez anulara su condena.

El segundo caso fue un acuerdo extrajudicial de $4.5 millones para el Consejo de Defensa de Recursos Naturales y Baykeeper, quienes alegaron que las autoridades de control de inundaciones permitieron la contaminación de las cuencas hidrográficas y las playas de L.A.

El tercer caso más caro fue de $3.5 millones. El acuerdo extrajudicial se dio por negligencia médica, que involucra a un paciente de Harbor-UCLA Medical Center, quien sufrió una lesión cerebral mientras recibía tratamiento por una infección crónica.

El reporte de gastos, originalmente solicitado en noviembre, fue aprobado sin ningún comentario de la junta para archivar sus datos, estudiar los errores y pedirle a cada uno de sus departamentos hacer reformas.

Otro caso que costó $3.5 millones fue el de Jonathan Castro, quien fue arrestado por embriaguez pública y luego golpeado por otro recluso, hasta el punto de adquirir heridas cerebrales.

José Rodríguez, miembro de The Vermont Manchester Colaborative, una organización contra la violencia en el sur de L.A., destacó que el condado pudiera gastar menos dinero si le diera más entrenamiento al Departamento del Sheriff y fuera más exigente con sus hospitales.

“Por mucho tiempo la comunidad ha pedido el aumento de supervisores dentro de la junta. Cinco personas no pueden estar al tanto de todos los departamentos que tienen”, dice Rodríguez.

A juicio de Cecilia Rojas, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace, los supervisores “están haciendo mejor trabajo con la creación de su panel civil para calificar el desempeño del sheriff”.

“Aunque tal vez necesitan más paneles para controlar otros departamentos”, dice Rojas.