Conoce al alcalde que se enorgullece en deportar indocumentados a pesar de ser inmigrante

Es inmigrante, su apellido no es el típico estadounidense, pero un alcalde de la ciudad de Escondido, California, se une a la mayoría de sus colegas en su ayuntamiento para apoyar una demanda del presidente Donald Trump en contra del “Estado Santuario”.

Sam Abed se enorgulleció de deportar inmigrantes indocumentados, asegurando que nadie debe de criticar a los que buscan proteger las leyes del país.

Abed, quien nació y se crío en el Líbano, sostiene que cuando se hizo ciudadano en 1990, y luego por segunda vez cuando fue elegido concejal en el 2004 hizo el juramento de proteger a su nación y comunidad.

“[En Escondido] hemos deportado a más de 2,000 delincuentes ilegales con nuestra cooperación con ICE. Nos enfocamos solo en delincuentes. Ahora los agentes de ICE están solos y en la comunidad, y en nuestro vecindario, en nuestras estaciones recogiendo delincuentes y gente inocente”, dice Abed.

“Como resultado de nuestra cooperación con ICE, el crimen disminuyó en un 33 por ciento. Escondido hoy es tan seguro como lo fue en 1980”, sostiene el político republicano, quien enfatiza que la resolución para luchar contra la ley del santuario estatal es el núcleo de su misión.

“Vine a este país para mantener a mi familia a salvo. Y me veo aquí luchando por la seguridad de mi familia y las familias de Escondido. Yo represento a los 150,000 de nuestros residentes. Nuestra relación con ICE ha funcionado a la perfección”, agrega el republicano.

Según Abed, ahora los ciudadanos son suficientemente valientes como para hacerle frente al estado con las políticas que respaldan a los indocumentados, pero son avergonzados e intimidados por expresar sus preocupaciones legítimas.

“El proyecto de Ley 54 del Senado es injusto para cualquiera que crea que los ciudadanos privados y las fuerzas de seguridad locales, deberían tener el derecho de ayudar voluntariamente al gobierno federal en sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración existentes”, sostiene.

La ley entró en vigencia el 1 de enero. Debajo de esta, la policía tiene prohibido preguntar a la gente sobre su estado migratorio o participar en actividades de control de inmigración.

Los funcionarios de la cárcel, entretanto, solo pueden transferir a los reclusos a las autoridades federales de inmigración si han sido condenados por ciertos delitos.

El concejal compara a los indocumentados con gente que a la fuerza entra a un hogar y vive ahí porque no tiene donde ir. Sin embargo, sostiene que “el hecho es que el propietario decide cuándo tiene que decirle que se vaya o se quede”.