Condenadas al desempleo miles de personas con antecedentes penales

Guadalupe Torres pensó que luego de purgar su pena tras las rejas le sería fácil reintegrarse a la sociedad, pero estaba equivocada.

Esta madre de una menor de 15 años de edad, no ha podido encontrar trabajo desde que salió de la cárcel hace dos meses. El número de solicitudes de empleo que ha presentado rebasa las dos docenas. Sin embargo, su teléfono sigue sin sonar.

La mujer de 35 años de edad, se suma a los más de 10 mil hombres y mujeres que mensualmente salen de la cárcel de condado de Los Ángeles y son rechazados por los empleadores por su récord criminal. Esta cifra es sin contar a unos 60 mil individuos con antecedentes penales que actualmente viven en California y que podrían estar atravesando la misma situación.

“Es desesperante tener que mantener a tu familia, querer rehacer tu vida y encontrarte con gente que solamente te da la espalda”, dice Guadalupe después de haber cumplido casi dos años en la cárcel por distribuir heroína.

El repudio a las personas con récord criminal es latente en el mercado laboral y no es nada nuevo en California, señalan expertos. Lo que es nuevo es el incremento de liberados y que los empleadores no están listos para ofrecer sus plazas, agrega.

La problemática

Si antes era difícil encontrar empleo para estas personas, ahora la situación está peor, asevera José Osuna, director de asuntos externos de Homeboy Industries, la cual emplea a unos 210 trabajadores que han tenido algún problema con la ley.

Esto surge en mayor parte por la aprobación electoral de la Proposición 47 hace un año, la cual reduce algunos delitos mayores a menores. Según estadísticas estatales, más de 4 mil individuos han sido re sentenciados y liberados hasta la fecha.

A nivel local, unas 14,563 mujeres y unos 76,130 hombres han sido liberados de la cárcel del condado de Los Ángeles en lo que va del año, según el Departamento del Sheriff.

“Estas personas que salen de la cárcel o de la prisión no solamente enfrentan el rechazo por su récord criminal sino también compiten con la gente ya desempleada con récord limpio”, dice Osuna, de la organización que ayuda a los jóvenes a salir de las pandillas.

“Algunos vienen aquí después de haber llenado docenas de solicitudes sin respuesta alguna. Otros vienen con miedo de llenar las solicitudes porque temen ser rechazados después de llenar la cajita que pregunta si has sido un delincuente”, indica Osuna.

Los sentimientos de temor y desconfianza se apoderan de los empleadores todavía. Por su parte, los afectados sufren depresión, frustración y desesperación. “Nos dicen, ‘si no tengo con que alimentar a mi familia’, mi última opción es cometer un crimen para sobrevivir’…”.

No muy lejos de Homeboy Industries, se encuentra Chrysalis, una organización que ayuda a las personas a encontrar empleo.

“Regularmente servimos a unos 3 mil clientes al año y un 60% de ellos tiene algún récord criminal”, dice Mark Lorangeer, presidente y director ejecutivo de la organización.

Chrysalia ve casos donde los prospectos prefieren mentir en la aplicación al decir que no han tenido delitos mientras otros revelan lo que hicieron sin tener una respuesta positiva por su honestidad.

“Estos son individuos que hacen errores en sus vida y se desconectan de sus padres y sus hijos mientras están tras las rejas, pero que al salir de la prisión, la sociedad les exige reintegrarse y ser productivos sin darles la rehabilitación, el entrenamiento y la oportunidad”, dice Lorangeer.

“Lo que los empleadores no saben es que estas personas aprecian su libertad y no quieren volver a perderla. Hay una imagen popular que el gánster siempre quiere ser gánster, pero la realidad es que ellos ven un empleo como una oportunidad para regenerarse”, señala Lorangeer.

Las leyes

Tanto Osuna como Lorangeer coinciden en que lo único que le podría ayudar “e alguna forma a este sector, es la orden ejecutiva que anunció el presidente Barack Obama este 2 de noviembre, la cual prohíbe a los empleados preguntar sobre los antecedentes penales del solicitante hasta después de que hayan pasado las primeras etapas del proceso de contratación.

Pero que llegue a ejecutarse esta orden ejecutiva, está por verse señalan los expertos. En el estado de California ya existe una ley que “prohíbe la caja” en las solicitudes de trabajo. La medida fue firmada en julio del 2014 por el gobernador Jerry Brown. Sin embargo, no todos los condados o regiones respetan o conocen la ley.

A nivel local, la ciudad de Los Ángeles ya está considerando su propia medida que “prohíbe la caja”. La iniciativa del concejal Curren Price, considera retrasar las comprobaciones de antecedentes hasta el final del proceso de entrevista y también limita el uso de verificaciones de antecedentes cuando las personas solicitan una vivienda.

La moción que se discute este 17 de noviembre en el comité económico de desarrollo de la ciudad, sería la oportunidad que miles esperan, siempre y cuando la comunidad sepa que existe, sostiene Zach Hoover, director de LA Voice, una organización comunitaria que luchó por la aprobación de la Proposición 47.

“Las personas con antecedentes ya pagaron sus deudas tras las rejas, pero la sociedad los condena al desempleo. Necesitamos que estas personas empiecen a ser juzgadas por sus habilidades y no por sus errores, si queremos un estado y una nación prospera”, dijo Hoover.

“Lo cierto es que al no encontrar empleo, no solamente un individuo es afectado sino su familia y toda la sociedad, porque estos pueden reincidir al verse sin posibilidad alguna”, dijo Hoover.

Otro problema que destacó Hoover es que muchas de estas personas pueden terminar como indigentes en las calles, ya que hasta la vivienda les es negada.

Los expertos agregan que el reto ahora es educar a la gente y dejarles saber que aún con récord criminal tienen derechos.

Una abogada sin licencia

Luego de admitir sus errores, Guadalupe señala que hoy en día lo único que quiere es que la sociedad la vea como un ser humano que desea contribuir, y no la criminal que fue.

La madre cierra los ojos y vocifera en voz alta; “Por eso desde mi corazón, le pido a los empleadores que le den a la gente como yo una oportunidad, ya que todos los que estamos en esta situación tenemos una historia y es muy triste”.

La historia de Guadalupe fue la de una niña que creció viendo alcoholismo y violencia doméstica en el hogar. A los 12 años ingresó a las pandillas en busca de protección y respeto pero le costó un precio muy alto, dice.

A los 17 años de edad, Guadalupe empezó a distribuir droga y a los 18 las autoridades la encontraron con 200 libras de marihuana, por lo que fue enviada a la cárcel. Una vez más a la edad de 25, Guadalupe fue a parar a la cárcel por posesión de metanfetamina y hace dos años terminó por tercera vez en una cárcel por distribuir heroína.

“Después de tocar varias puertas, me vine a buscar empleo a Homeboy Industries”, dice Guadalupe. “Ahora me encargo del mantenimiento pero me gustaría obtener un mejor trabajo para pagar mis clases. Pues con esta oportunidad, planeo ingresar a East Los Ángeles College”, agrega.