Condado le pide a los negocios contratar a ex convictos

Uno de cada tres estadounidenses en edad de trabajar tiene antecedentes penales, y hasta el 75 por ciento de las personas liberadas de la prisión o la cárcel están desempleadas después de un año.

Asimismo, más del 60 por ciento de los empleadores dicen que no contratarían a alguien con antecedentes penales, a pesar de que un estudio reciente realizado por la Sociedad de Gerentes de Recursos Humanos encontró que el 82 por ciento de los gerentes y el 67 por ciento de los profesionales de recursos humanos creen que “la calidad de la contratación de trabajadores con antecedentes penales es tan alta o más alta que la de los trabajadores sin registros”.

Para ayudar a aquellos que han pagado su deuda con la sociedad a encontrar trabajo, la Junta de Supervisores de Los Ángeles aprueba una moción para lanzar una campaña en todo el condado para alentar a los negocios “a adoptar prácticas justas de contratación”.

“Los empleados con registros pasados a veces están más calificados para trabajos particulares que las personas que no tienen un historia criminal. La contratación de personas rehabilitadas con registros pasados suele ser un negocio inteligente”, sostiene la supervisora Hilda L. Solís, quien junto con el supervisor Mark Ridley-Thomas crearon la moción.

“A través de una contratación justa, las compañías pueden encontrar un grupo de personas calificadas y talentosas con una amplia gama de experiencias que podrían ayudar a las empresas a servir mejor a sus clientes y dar como resultado resultados de ganancias más fuertes”, enfatiza Solís.

El empleo estable puede ayudar también a garantizar que las personas no vuelvan a ofender, lo que crea comunidades más seguras, añade.

Para el supervisor Ridley-Thomas, una de las responsabilidades del condado es proporcionar una oportunidad justa a cualquiera que aspire a convertirse en un ciudadano productivo.

“La expansión de las oportunidades de empleo para las personas anteriormente encarceladas reduce la reincidencia, rompe el ciclo de la falta de vivienda y fomenta el crecimiento económico. Esa es una política inteligente”, indica.

En julio de 2017, la Junta de Supervisores estableció un grupo de trabajo de oportunidad justa para promover la adopción de prácticas de contratación de oportunidad justa dentro del Condado y para aumentar la concientización entre la comunidad empresarial en general.

La moción se modificó luego de la aprobación de la Ley de oportunidad justa del estado, que entró en vigencia en enero de 2018. Según esta ley de California, también conocida como “prohibición de la casilla”, los empleadores no pueden hacer preguntas a los solicitantes sobre su historial de condenas antes de una oferta de trabajo.

En enero de 2018, la Junta de Supervisores ordenó al grupo de trabajo que desarrollara una campaña educativa para educar a los empleados y empleadores sobre sus derechos y responsabilidades en virtud de la Ley de oportunidad justa. A pesar del progreso significativo del grupo de trabajo, las personas con antecedentes penales aún se enfrentan a barreras continuas para el empleo.

Agustín V, un residente de Whittier con antecedentes penales, sostiene que es difícil encontrar empleo.

“Yo tarde más de siete meses en encontrar trabajo manejando un vehículo de carga para una fábrica, pero el jefe estaba muy renuente en contratarme”, dice Agustín, de 37 años de edad.

“Durante tiempo cometí delitos menores, entre ellos posesión de drogas y robo menor, pero la sociedad no perdona eso… Afortunadamente conseguí trabajo pero varios amigos en mi situación se han convertido en indigentes y se han encerrado más a las drogas a pesar de que han querido superarse”, añade.

La moción dirige el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral y otros departamentos relevantes, revelar un plan de compromiso comercial para aumentar la contratación de personas con antecedentes penales.