Condado de Los Ángeles empuja excluir las fianzas para las minorías

En todo el país, la fianza monetaria ofrece a los demandados de bajos ingresos opciones para perder: permanecer en la cárcel mientras su caso se mueve lentamente a través del sistema judicial, pagar una tarifa no reembolsable a una compañía de fianzas con fines de lucro, o declararse culpable y poseer un registro criminal que puede impactar su empleo y vivienda.

Con estos antecedentes, la junta de supervisores del Condado de Los Ángeles aprueba una moción autorizada por las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl, que dirige a los departamentos del condado a trabajar con defensores de la comunidad para prohibir esta regla por lo menos en la región.

La moción surge luego de que una ley estatal que prohibiría tener que pagar las fianzas en California, y la cual entraría en vigor a fines del año pasado, fue congelada bajo un referéndum, lo que sigue dejando a miles de personas detenidas sin dinero en desventaja.

La American Civil Liberties Union (ACLU), una defensora de la reforma de la fianza, se opuso al final a las herramientas de evaluación de riesgos antes del juicio que utilizarían los jueces para decidir si liberar o encarcelar a los acusados en espera de juicio.

El plan estatal para abolir la fianza en efectivo queda en el limbo hasta otra elección en el 2020.

Por ahora la junta busca aumentar los programas de desviación y desarrollar una reforma piloto de fianza. Para ello, Solís recomendó contratar un consultor externo para ayudar a evaluar las alternativas del condado.

“Estoy comprometido a cambiar el enfoque del condado sobre el castigo y encarcelamiento a la rehabilitación y desvío, lo que ayudará a combatir la desigualdades en nuestro sistema de justicia penal”, dijo Solís.

“Un sistema de justicia criminal moderno nunca debe considerar cuánto dinero tiene un acusado’’, agregó.

Los programas podrían incluir la expansión de los servicios previos al juicio para mejorar las tasas de apariciones en la corte, incluyendo mensajes de recordatorios a través de textos y proporcionar transporte así como cuidado de niños.

Otra sugerencia preliminar fue ofrecer evaluaciones realizadas por un experto en salud mental en tribunales de instrucción.

Casi la mitad de las personas en las cárceles del condado de Los Ángeles están esperando juicio, y la mayoría no puede pagar la fianza programada, de acuerdo con la moción.

Entre mayo de 2016 y mayo de 2017, los demandados en el condado de Los Ángeles pagaron aproximadamente 173 millones en efectivo no reembolsable a fianzas, y 13.6 millones directamente a los tribunales, según un informe encargado por la presidente del Tribunal de California, Tani Cantil-Sakauye.

Por su parte, la supervisora Kuehl le recordó a la comunidad que la fianza monetaria tiene un impacto serio y desproporcionado entre la comunidad sin recursos.

“Los hombres y mujeres que permanecen en la cárcel solo porque no tienen dinero para la fianza corren el peligro de perder su trabajo y su hogar mientras pasan meses en la cárcel esperando el juicio. Esta moción impulsará nuestros esfuerzos para crear un sistema que sea justo para todos, al tiempo que continuamos preservando la seguridad pública”, dijo Kuehl.

La junta directiva ordenó a un grupo de trabajo que presentara un informe en 90 días para mostrar el desarrollo de recomendaciones para reducir de manera segura la detención preventiva con alternativas al encarcelamiento o la fianza en efectivo; (2) mostrar la construcción de modelos basados en las mejores prácticas para las evaluaciones previas a la comparecencia y el juicio previo, los enlaces de servicio, los recordatorios de fechas judiciales, el transporte, el cuidado infantil y otros servicios de apoyo; y (3) un plan para evaluar métricas para determinar los éxitos de los programas piloto.