Beneficiaros de TPS ‘vitales en Estados Unidos’: Esto dicen los expertos de USC

Un nuevo estudio de la Universidad del Sur de California revela miles de millones en contribuciones de impuestos realizadas por los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), en Estados Unidos.

El hallazgo sienta pie para que tanto beneficiarios como activistas pro inmigrantes se unan para pedirle al Congreso que busque una solución bipartidista, para evitar que sus familias sean separadas.

El nuevo informe, titulado “Rendimientos prometedores: cómo el hecho de abrazar a los inmigrantes con TPS puede contribuir a la estabilidad familiar, el crecimiento económico y la salud fiscal”, destaca las contribuciones masivas que esta población vital hace a la economía.

La Administración de Donald Trump ha intentado despojarlos de su estado legal y separar a estas familias a través de la cancelación del programa, lo que ha afectado a un cuarto de millón de niños ciudadanos y poco más de 300 mil beneficiarios.

Por ahora, la cancelación se ha peleado en las cortes, salvando a muchos de la deportación pero mientras el Congreso no actúe, los titulares permanecen en peligro.

Los expertos sostienen que legislaciones recientemente introducidas, como la Ley de Ambiente Seguro de Países Bajo Represión y Emergencia (SEGURA) de 2019, así como la Ley de Sueño y Promesa Estadounidenses de 2019, pueden proporcionar un alivio.

Cabe mencionar que mientras que los titulares de TPS tienen las mismas responsabilidades fiscales que los demás estadounidenses, contribuyendo miles de millones en impuestos a la economía de Estados Unidos, a pesar de que no tienen acceso al Seguro Social ni a beneficios de jubilación, señalan los expertos.

Resultados clave:

Algunos de los hallazgos muestran que si se aprueba, por lo menos uno de los proyectos de ley, esto afectaría a casi 1.3 millones de personas que tienen o son elegibles para el TPS o que viven en un hogar con un miembro de la familia que es elegible según la Ley de Sueño y Promesa.

“También estimamos que los hogares de la Ley Promesa contribuyen con más de 35.2 mil millones al PIB del país y más de 4.6 mil millones a los impuestos federales, estatales y locales”, dice USC.

“Las familias de Sueno y Promesa también ayudan a apuntalar nuestro mercado de vivienda: estimamos que la suma total de los pagos hipotecarios anuales de las familias de la Ley Promesa es de más de $ 1.5 mil millones anuales, mientras que la suma anual de los pagos de renta de las familias de la Ley Promesa excede los 2.8 mil millones.

En lo que respecta al sector laboral y las personas elegibles, las industrias con la mayor presencia de trabajadores son los servicios de construcción, alojamiento y alimentación, servicios administrativos y de apoyo y gestión de residuos, fabricación, comercio minorista y atención sanitaria y social asistencia.

“Como se muestra a través de estos resultados, la Ley de Promesa podría ayudar a los Estados Unidos a retener de manera significativa en lugar de perder estas contribuciones económicas”, aseguran los expertos.

Activistas

Los líderes pro inmigrantes han estado presionando para que el Congreso trabaje en legislaciones que puedan ayudarle a este sector.

Evelyn Hernández, quien tiene TPS y es organizadora de CARECEN-LA dice estar entusiasmada de que los legisladores estén atendiendo las llamadas de todo el país para garantizar protecciones permanentes para los titulares de TPS.

“Nuestras vidas y seguridad para nuestras familias están en la línea. Desde la cruel y racista terminación de TPS por parte de Trump, nuestras vidas han sido acosadas por la desgarradora realidad de estar separados de nuestras familias, nuestros hogares. Los titulares de TPS solicitan a todos los funcionarios electos, independientemente de la afiliación del partido que apoyen una solución permanente”, agrega.

Martha Arévalo, Directora Ejecutiva de CARECEN-LA agrega que escuchar las necesidades de la comunidad y las personas directamente afectadas es crucial.

“Queremos asegurarnos de que la legislación [Sueño y Promesa] sea sólida y que realmente refleje las necesidades de las personas directamente afectadas”, indica.

“Trabajaremos con funcionarios electos de ambos lados de la isla para garantizar que tengamos éxito en lograr una solución permanente y que los afectados directamente estén involucrados en cada paso del proceso legislativo”, añade.