Avanza plan para eliminar la caja de récord criminal en las solicitudes de empleo de L.A.

Manuel Echeverría tiene antecedentes penales por haber vendido metanfetamina en las calles de Los Ángeles hace tres años.

Aunque Echeverría, de 33 años de edad, fue condenado y pagó un año en la cárcel, su crimen no le permite encontrar empleo. Y es que según el Instituto Nacional de Justicia, un récord criminal reduce la posibilidad de obtener una oferta de empleo hasta en un 50%.

Para Echeverría como para unas 10 mil personas que salen de las cárceles del condado de Los Ángeles mensualmente, la ciudad de Los Ángeles podría ser la solución para que pueda encontrar empleo muy pronto. Esto si la ciudad aprueba un plan que elimina la caja de récord criminal en las solicitudes de empleo.

Justamente este martes, el Comité de Desarrollo Económico aprobó el plan y le pidió al abogado de la ciudad que realice la ordenanza que prohíbe a los empleadores preguntarle a los potenciales empleados acerca de su récord criminal antes de hacerles una propuesta de empleo.

La propuesta será llevada a voto ante el concilio la próxima semana. Si ésta es adoptada, la ciudad de Los Ángeles se uniría a otros 19 estados y varias ciudades del país en el establecimiento de la Iniciativa de la Oportunidad Justa, mejor conocida como Ban the Box.

Aunque el plan se encuentra en plena construcción, algunos concejales ya le han dado el visto bueno. Uno de ellos es José Huizar (D-14).

“Toda persona merece una segunda oportunidad y muchas veces las personas que han vivido libres de problemas durante varios años, son eliminados injustamente de la posibilidad de tener un empleo permanente, debido a que tuvieron que marcar una caja que no refleja su realidad actual”, dijo Huizar.

Otro concejal que apoya el plan es Gil Cedillo (D-1).

“La póliza Ban the Box tiene sentido y debió de ser aprobada hace mucho tiempo”, aseguró.

“Organizaciones como Homeboy Industries, en mi distrito, ofrecen programas contra las pandillas que incluyen entrenamiento para el empleo. El más grande impedimento para estos graduados es la caja en las solicitudes que los descalifica a pesar de sus habilidades”, dijo Cedillo.

Pero el plan creado por el concejal Curren D. Price (D. 9), tiene sus opositores.

Anthony Jones, trabajador de un almacén de ropa en el sur de Los Ángeles, señaló que las oportunidades de trabajo son muy pocas como para dárselas a una persona que ha estado en la cárcel.

“Siento que los empleadores van a seguir escogiendo a los que no tienen antecedentes y tal vez así debe ser. Los empleadores tienen miedo de contratar a una persona que puede que les robe o los meta en problemas”, dijo Jones.

Un empleador de la misma zona, y quien no quiso dar su nombre, sostuvo que el plan es compasivo, pero que él no le daría trabajo a alguien con récord criminal por miedo.

“Nadie quiere un drogadicto en el trabajo, nadie quiere una persona violenta, un pandillero o alguien que se haya burlado de la ley. No creo que la ordenanza es buena idea”, sostuvo el dueño del negocio.

A principios de mes, el presidente Barack Obama extendió una orden ejecutiva que requiere a las agencias federales postergar las investigaciones sobre antecedentes penales hasta después del proceso de contratación.

No obstante, para el concejal Price, la lucha debe ser local también.

Para hacer cumplir la ordenanza, Price le ha pedido a la Barra de Administración de Contratos trabajar y reportar una estrategia con la que se pueda monitorear y hasta penalizar a todo aquél negocio con más de 10 empleados que no cumpla con la ley.

“Estas personas han pagado su deuda con la sociedad y pueden estar intentando regresar a una vida normal para llegar a contribuir a la sociedad. Y yo creo de todo corazón que merecen una segunda oportunidad”, dijo Price.