Avanza medida contra el robo salarial a la mesa del gobernador Jerry Brown

Hasta hace unos meses, Gonzalo Fuentes ganaba siete dólares la hora por lavar carros. Su jefe le pagaba nueve dólares solamente si este trabajaba sábados y domingos extras.

Cansando del robo salarial, Fuentes dejó su empleo, pero en el nuevo trabajo que tiene la situación no ha cambiado, como cocinero al oriundo de México no le pagan por laborar horas extras.

La pesadilla de Fuentes y la de miles de trabajadores que experimentan robo salarial podrían terminar muy pronto. Esta semana legislatura aprobó un proyecto de ley para prevenir la estafa salarial en California.

La medida que ahora espera la firma del gobernador Jerry Brown para convertirse en ley, “llega en un momento necesario”, justo cuando varias ciudades en todo el estado han aprobado el aumento de salario para los trabajadores, señalan simpatizantes.

El ejemplo más cercano es la ciudad de Los Ángeles, que este primero de julio dio por efectivo el incremento en los negocios con más de 25 empleados a 10.50 la hora hasta llegar a los 15 dólares para el 2020.

La SB-1342, del senador Tony Mendoza (D-Artesia) autoriza a las ciudades y condados investigar el incumplimiento de las leyes de salarios locales.

“A medida que los condados y ciudades en California se mueven para aumentar el salario mínimo, debemos asegurarnos de que nuestros trabajadores de bajos ingresos, que ya se enfrentan a tantos desafíos, reciben el pago que se han ganado”, agrega Mendoza.

Hasta el momento, quince ciudades de California han aprobado ordenanzas de salario mínimo que van más allá del mandato estatal de 10 por hora. Por ejemplo, la ciudad y el condado de San Francisco han aprobado ordenanzas para aumentar el salario mínimo local a 12.25 por hora. Además, han establecido una Oficina de Normas de Trabajo de Aplicación para defender las leyes y abordar el déficit en la aplicación local de los salarios.

Pero no todas las regiones tienen esa protección, en el condado de Los Ángeles, que posee una población 11 veces más grande que el Condado de San Francisco, a los trabajadores se les niega más de 26 de millones a la semana en salarios y no existe ningún mecanismo de aplicación local para ayudarlos, sostiene el senador.

“Creo que es justo que este crimen sea controlado, ya que el robo salarial ocurre más de lo que creemos y mucha gente no lo denuncia porque es amenazada con perder el empleo”, dijo Alberto Suárez, simpatizante de la medida y activista local.

Rosa Miranda, del Centro de Estrategia Laboral Comunitaria, señaló que mientras los incrementos son un alivio para muchos, la intención de ayudar debe ser completada con la ley.

“A diario muchos jefes comenten estas injusticias. Es hora de perseguir a estas personas por lo que hace y dejarle saber a la comunidad que alguien está protegiendo sus derechos”, dijo Miranda.

La SB-1342 aclararía y promovería la capacidad legal de los gobiernos de los condados y ciudades para ayudar a la División de Cumplimiento de Normas Laborales (DLSE) en la lucha contra el robo de salarios animando a los gobiernos locales y del condado a participar en investigaciones relacionadas con esta práctica.

Además, permitiría a los condados y ciudades asociarse con los funcionarios estatales y federales participar en las investigaciones de robo de salarios. Actualmente la DSLE es la principal entidad encargada de examinar estos casos, pero este proyecto de ley ayudaría a expandir el número de personas capaces de llevar a cabo las investigaciones de robo.

El robo de salarios se produce cuando un empleador no le paga a un trabajador todos sus salarios ganados. Esto incluye el salario no pagado mínimo, horas extras no pagadas, y el trabajo fuera del reloj.