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Autoridades alertan de fraude migratorio por adopción

Benjamín B. Wagner, fiscal federal, alerta a la comunidad inmigrante sobre el fraude.

Benjamín B. Wagner, fiscal federal, alerta a la comunidad inmigrante sobre el fraude.

(San Diego U-T)

Tras el arresto de un individuo que operaba un negocio que prometía la ciudadanía a inmigrantes indocumentados a través de la adopción, los expertos alertan a la comunidad sobre este tipo de fraude que aseguran, es muy común.

Helaman Hansen, de 63 años de edad, fue detenido el jueves después de que un jurado federal emitiera cargos que lo acusan de conspiración para cometer fraude postal, fraude electrónico y fraude de trámites de inmigración al operar un programa de adopción de adultos.

De acuerdo con el expediente judicial, entre octubre del 2012 y enero del 2016, el residente de Elk Grove utilizó diversas entidades, una de estas de nombre Americans Helping America Chamber of Commerce (AHA), para venderle a los inmigrantes membrecías tituladas “Programa de Migración”.

El programa prometía la ciudadanía al ser adoptado por una familia ciudadana. Los participantes tenían que pagar cuotas mensuales de 150 dólares. No obstante estas cuotas llegaron a ascender hasta los 10 mil dólares por cliente.

Según la acusación, aunque algunas víctimas completaron la etapa de aprobación del “Programa de Migración”, ninguna de estas personas obtuvo la residencia.

Las autoridades estiman que Hansen y sus ayudantes indujeron a unas 500 víctimas a pagar más de 500 mil dólares para formar parte de programa fraudulento.

“La acusación formal alega un tipo particularmente depredador y manipulador de fraude, con el que muchos se aprovechan de las esperanzas y los sueños de los inmigrantes indocumentados para extraer tarifas basadas en falsas promesas”, dijo Benjamín B. Wagner, fiscal federal.

“La adopción de extranjeros mayores de edad no es el camino a la ciudadanía legítima a Estados Unidos. Mientras que los cargos contra este acusado están bajo investigación en este momento, nadie debería pagarle cuotas a cualquier persona que hace promesas falsas de ciudadanía como la adopción de adultos”, dijo Wagner.

Para Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, los fraudes contra la comunidad inmigrante son más comunes de lo que muchos creen.

“El problema que siempre enfrentamos es que mucha gente opta por no denunciar los incidentes y el crimen queda impune y continúa propagándose”, dijo Uribe.

Asimismo, “inclusive cuando hay víctimas que presentan quejas, los negocios cambian de nombre o cierran sus puertas”, sostuvo Uribe.

De acurdo a Uribe, los casos de fraude van desde mentirle al inmigrante sin documentos que su tarjeta verde está asegurada si tiene un hijo con necesidades especiales o hasta que ya puede someter sus trámites para formar parte de los programas DACA y DAPA.

“Estas dos últimas órdenes ejecutivas todavía se litigan en la corte, pero inclusive ya hay negocios que le dicen a la gente que si hacen contrato con ellos, entonces estos podrían ser de los primeros en obtener el beneficio de estadía”, indicó Uribe.

El caso de Hansen fue investigado por la FBI, El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y Oficina del Fiscal de EE.UU.

De resultar culpable, Hansen enfrenta un pena máxima de 20 años en prisión y 250 mil dólares de multa.

Uribe recalcó que el frauden contra la comunidad sin documentos legales solamente puede terminar cuando la gente se informe sobre sus derechos y presente sus quejas.

Afirmó que cuando un abogado o notario “garantiza” la estadía o hace promesas “que suenan muy buenas para ser verdad”, es probable que este mienta.

La FBI alienta a la comunidad a llamar al 916.977.2479 para denunciar fraudes.


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