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Aún con un alto a la cancelación del TPS, hondureños cautelosos piden apoyo del Congreso

(Getty Images)

A pesar de que la administración de Donald Trump ha aceptado el alto a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los beneeficiarios hondureños, este grupo aún se encuentra a merced del gobierno, aseguran activistas.

Según el acuerdo, el TPS para Nepal y Honduras, actualmente programado para finalizar el 24 de junio de 2019 y el 5 de enero de 2020, respectivamente, permanecerá vigente al menos hasta que se resuelva la apelación en Ramos v. Nielsen, otro caso de TPS que incluye al resto de países beneficiarios.

No obstante, los titulares saben que la lucha por su permanencia no termina.

“Por ahora respiramos paz un poco de más tiempo, pero mi familia y yo tenemos acordado de que si las demandas no funcionan, tendremos que irnos a México o Canadá, pero ya no regresamos a Honduras”, dice Chávela Juárez, beneficiaria catracha.

“Creo que la demanda hubiera sido más fuerte si hubiéramos sido parte de los otros países a quienes inicialmente se les negó el TPS. Nos da miedo que por ser solo dos países en una demanda, nos ignoren las autoridades”, sostiene Juárez.

Los demandantes de este caso, igualmente reaccionaron con cautela.

Keshav Bhattarai, un titular de TPS de Nepal y miembro de Adhikaar, que trabaja con la comunidad nepalí para promover los derechos humanos y la justicia social, reaccionó feliz y preocupado al mismo tiempo.

“Siento que he estado enfermo y este acuerdo es una gota de medicamento. Si lo aprueba el tribunal, significa que el gobierno no puede finalizar el TPS para Nepal y Honduras, hasta que el tribunal de apelaciones decida si las terminaciones anteriores del TPS de la administración Trump violaron la ley”, dijo Bhattarai.

“Esto nos da a todos un respiro para pedirle al Congreso que nos brinde lo que realmente necesitamos: protección permanente para los titulares de TPS”, alegó enfatizando que mientras los políticos no apoyen el esfuerzo, no se puede hacer mucho.

Otros activistas recalcan que la acción final debe venir de los políticos.

Ahilan Arulanantham, abogado de Unión Estadounidense de los Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, agrega que el Congreso “debe aprobar una legislación que otorgue la residencia permanente legal a estas personas, que tanto han contribuido a nuestra sociedad”.

Minju Cho, abogado del Estado Mayor de los Asiáticos Estadounidenses que Promueven la Justicia, dijo: “Estamos encantados de que esta estipulación otorgue a 100,000 titulares de TPS y sus familias un poco más de certeza sobre sus vidas en Estados Unidos, al menos por ahora”.

Cho agregó: “Pero esta no es una solución permanente. Esperamos seguir defendiendo los derechos de todos los titulares de TPS, junto con todos los demandantes y organizaciones comunitarias unidas en esta causa”.

Jessica Karp Bansal, directora co-legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), aseguró que los grupos pro inmigrantes continuarán usando sus habilidades de litigio.


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