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Ciudadano estadounidense dice que los agentes del Sheriff lo amenazaron con la deportación

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LOS ANGELES.- Un ciudadano estadounidense que dijo que fue amenazado con la deportación mientras estuvo detenido en la cárcel ha resuelto una demanda con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles.

Diego Rojas, de 18 años de edad, fue arrestado el pasado mes de mayo y llevado a la Institución Correccional Twin Towers del Condado de Los Angeles.

Su familia pagó la fianza un poco tiempo después. En lugar de ser puesto en libertad, Rojas dijo que fue interrogado sobre su estatus de inmigración por los agentes del Sheriff, entrenados por los agentes de inmigración bajo un polémico programa federal conocido como 287(g).

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El programa coloca a los agentes de Inmigración y Aduanas adentro de las cárceles y entrena a los empleados de la cárcel para saber cómo investigar si los reclusos elegibles para ser puestos en libertad están en el país de forma ilegal. Los reclusos identificados a través del programa a menudo son entregados a las autoridades federales al ser puestos en libertad.

En una demanda presentada en noviembre en contra del condado por la Red Nacional para la Organización de Jornaleros y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del sur de California, Rojas dijo que los agentes lo amenazaron con deportarlo si no “confesaba” que había nacido en México.

Rojas dijo que fue liberado horas más tarde, sólo después de que su hermana llegó a la cárcel y les proporcionó a los agentes una copia de su certificado de nacimiento de Estados Unidos.

Bajo los términos del acuerdo, el condado acordó pagarle a Rojas $6,000 dólares por detenerlo más tiempo de lo debido después de su fecha de liberación.

“La razón por la que llegamos a un acuerdo es porque creemos que lo retuvieron en la cárcel por más tiempo de lo que debía de haber estado”, dijo Roger Granbo, el asistente del abogado del condado para el Condado de Los Angeles.

Granbo dijo que el acuerdo no es una admisión de que los agentes equivocadamente entrevistaron a Rojas sobre su estatus de inmigración o lo amenazaron con la deportación.

Granbo dijo que no había realizado una investigación para ver si esas cosas se llevaron a cabo porque no eran pertinentes a su caso.

Una portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Jennie Pasquarella, una abogada con la ACLU que representó a Rojas, dijo que los presos del Condado de Los Angeles son detenidos con frecuencia después de sus fechas de liberación para que puedan ser interrogados sobre su estatus migratorio.

“Es discriminación racial”, dijo Pasquarella. “Interrogan a las personas… basados en los apellidos de las personas, si hablan o no inglés y por cómo se ven”.

La ACLU es uno de los muchos grupos que han estado instando al Condado de Los Angeles para ponerle fin a su contrato 287(g) con el ICE. La Junta de Supervisores votó 3 a 0 para ampliar la asociación después de una tensa audiencia que se realizó el otoño pasado.

Los defensores de los inmigrantes dicen que el programa 287(g) viola los derechos de los reclusos de la cárcel y deteriora la confianza en las agencias de cumplimiento de la ley entre las comunidades de inmigrantes. Los defensores del programa dijeron que ayuda a identificar a los criminales peligrosos que no tienen permiso para estar en el país.

EL número de jurisdicciones de aplicación de la ley que están participando en el programa 287(g) se ha disminuido de 75 a 35 en los últimos años, de acuerdo a las estadísticas del ICE del otoño pasado. La única otra jurisdicción en California que participará en el programa es Orange County.

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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