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La ciudad de Aliso Viejo, en el condado de Orange, se une a la demanda contra el ‘Estado Santuario’

Residentes festejan al condado de Orange por oponerse a la Ley Santurio.

Residentes festejan al condado de Orange por oponerse a la Ley Santurio.

(Los Angeles Times)

El Concejo Municipal de Aliso Viejo votó a favor de unirse al Condado de Orange y varias otras ciudades en desafío a la Ley Santuario en California, que prohíbe la cooperación de las autoridades con agentes federales de inmigración.

Después de más de seis horas de debate y comentarios públicos, este jueves por la mañana, el concejo votó 4 a favor y uno en contra para unirse a las ciudades de Los Alamitos, Huntington Beach y el condado de Orange en demandar al estado por la ley SB-54.

“Tuvimos una discusión sólida y estoy orgulloso de mis colegas por su resistencia y atención a través de 6.5 horas de testimonio”, dijo Dave Harrington, alcalde de Aliso Viejo.

El edil dijo que a diferencia de Los Alamitos, que es una ciudad chárter, Aliso Viejo es una ciudad de “ley general”, por lo que no puede simplemente ignorar la ley estatal.

Harrington sostuvo que la ley estatal no puede prevalecer sobre la legislación federal.

“Creo en la Constitución. Juro defender la Constitución cada vez que hago el juramento’’, dijo el alcalde. “Y cuando hay un conflicto entre la ley federal y estatal, que creo que es el caso aquí, la cláusula es bastante clara: la ley federal tiene prioridad ''.

El alcalde también añadió que le preocupaba que los sospechosos sean liberados de la cárcel errónea o prematuramente.

“Se trata de dejar salir a los criminales de la cárcel a quienes no se les debe permitir andar afuera’’, dijo Harrington.

La ley ‘santuario’, que entró en vigor el 1 de enero, le prohíbe a la policía preguntar a la gente sobre su estado migratorio o participar en actividades de control de inmigración.

Los funcionarios de la cárcel, por su parte, solo pueden transferir a los reclusos a las autoridades federales de inmigración si han sido condenados por ciertos delitos.

A principios de marzo, el Departamento de Justicia demandó al estado de California, al gobernador Jerry Brown y al fiscal general estatal Xavier Becerra.

En la demanda, se alega que las tres leyes estatales de santuario (Proyecto de ley 54, Proyecto de ley 450, Proyecto de ley 103) obstaculizan las actividades federales de inmigración e “intencionalmente” obstruyen y discriminan contra la aplicación de la ley federal de inmigración.


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