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Advierten a dueños de moteles que los negocios no serán focos del crimen en L.A.

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En su intento por reducir los diferentes actos ilícitos que se llevan a cabo en los moteles locales, incluidos transacciones de drogas y prostitución, la Procuraduría de Los Ángeles advierte a los dueños que las autoridades los están vigilando, y de no obedecer las pólizas, pueden resultar involucrados en litigios.

Para poner en aviso a los negocios, la Oficina del Fiscal de la Ciudad ha demandado a los propietarios de un motel de Van Nuys, alegando la venta rutinaria de drogas en el motel, así como su trasformación en negocio de padrotes.

La denuncia fue presentada en la Corte Superior en contra de Vimal Inc., dueños de Hyland Motel, de 40 cuartos en Sepulveda Blvd., sostiene que desde el 2005, “la propiedad ha sido, y es actualmente un centro de violencia, delincuencia y desorden”.

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Afirma, asimismo, que los pandilleros locales rentan habitaciones en el motel para vender drogas, mientras las prostitutas y sus padrotes también usan las habitaciones del motel para conducir su negocio ilegal.

Las autoridades han reportado al menos 36 detenciones por crímenes o actos violentos relacionados con la propiedad. Así como la venta de cocaína y metanfetamina a policías encubiertos de parte de tres distribuidores.

La procuraduría sostiene que los dueños de este tipo moteles contribuyen a las condiciones que ponen en peligro a los vecindarios, al no implementar las medidas apropiadas para suprimir o eliminar estos crímenes, por lo que cada empresario que haga caso omiso de las advertencias puede enfrentar hasta demandas.

En el caso de Hyland Motel, desde enero del 2015 hasta el mes pasado, los agentes del departamento policial hicieron al menos 12 arrestos relacionados con la propiedad por prostitución.

Los agentes también han investigado apuñalamientos y otros crímenes violentos como robo de identidad, robo de autos y posesión ilegal de municiones.

Reuniones entre la Oficina del Fiscal de la Ciudad y los propietarios Hyland Motel no resolvieron los problemas existentes en las instalaciones.

El litigio le pide a un juez que declare el motel como una molestia pública, y que se emita una orden judicial que prohíba a cualquier persona asociada con el motel vender o mantener sustancias controladas en la propiedad.

La demanda también exige que los propietarios den aviso público cuando se vean obligados a participar en el crimen en contra de su voluntad.

Le recuerdan a otros dueños de negocios que es su deber llamar a las autoridades, al sospechar trata de menores al National Human Trafficking Resource Center al (888) 373-7888, o la Coalición de California para Abolir la Esclavitud y el Tráfico al (888) 539-2373.

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