Acusan a prisión operada por ICE de pagarle a indocumentados 1 dólar por trabajo al día

Una presión privada de Estados Unidos y operada por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se convierte en la atención de los grupos pro-inmigrantes del país, luego de que la culpan de pagarles a los detenidos indocumentados solo un dólar al día, por trabajar la jornada completa o más.

La demanda aborda el presunto robo de salarios de los indocumentados que han llegado a este país pidiendo asilo. De ganarse el caso, esto sentaría precedente para todos los centros de detención que puedan estar cometiendo el mismo delito.

Tres hombres que vinieron a Estados Unidos en busca de asilo recibieron salarios inferiores al mínimo ilegalmente, tan poco como 1 dólar por día, como parte de un programa de trabajo “voluntario”, administrado por un centro de detención de ICE de propiedad privada y operado por sus empleados, alegan los abogados.

Estos solicitantes de asilo son los primeros detenidos por inmigración civil, en presentar reclamos federales de robo de salarios contra un centro de detención con fines de lucro por el trabajo realizado en detención.

La demanda acusa a CoreCivic, el operador de la instalación y la segunda mayor compañía privada de prisiones en el país, de violar la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA), la Ley de Salario Mínimo de Nuevo México (NMMWA) y la doctrina del derecho consuetudinario de enriquecimiento injusto.

“Aquellos que buscan asilo en este país que no han cometido ningún delito aquí, tal como los hombres que han presentado esta acción, tienen derecho a que se les pague un salario mínimo por el trabajo que realizan para otros”, dijo Joseph M. Sellers, asesor adjunto de los demandantes y socio en Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC, una de las compañía de abogados que somete la queja.

“CoreCivic y las instalaciones que opera en el Centro Correccional del Condado de Cibola, en Nuevo México, violaron las leyes federales y estatales al pagarles a estos hombres un dólar por día, en lugar de al menos el salario mínimo”, sostuvo Sellers.

Los demandantes, que huyeron de Camerún en el 2017 en busca de asilo político, fueron detenidos de inmediato por ICE en la frontera de Texas, y luego fueron retenidos en el Centro Correccional del Condado de Cibola en Milán, Nuevo México, en espera de las audiencias pendientes sobre su estatus migratorio.

Ninguno de los hombres fue acusado de delito en Estados Unidos, y desde entonces a todos se les ha concedido asilo y se les ha permitido permanecer en el país.

La instalación de Cibola es propiedad y está operada por CoreCivic, anteriormente conocida como Corrections Corporation of America.

La mano de obra proporcionada por los demandantes y sus colegas detenidos, es fundamental para las operaciones de las instalaciones, dicen los abogados.

Y es que los inmigrantes detenidos, de cualquier nacionalidad que llegan al lugar, preparan y sirven comidas, limpian las instalaciones y realizan casi todo el mantenimiento en beneficio de CoreCivic, así como administrar los servicios de lavandería y operar la biblioteca y la tienda de barbero, sostienen.

Anteriormente, varias demandas similares han aplicado reclamos de salarios estatales y de trabajo forzoso a estas compañías privadas, y otros han alegado violaciones de la FLSA contra centros de detención administrados por el gobierno.

Los demandantes en este caso afirman que esta empresa con fines de lucro, que dirige varios centros de detención, viola a la FLSA al beneficiarse de su trabajo y pagar salarios inferiores al mínimo.

“Estos hombres huyeron de la tortura y la persecución viajando a través del Sur de América y el centro para buscar asilo en Estados Unidos”, dijo Rebekah Wolf, abogada del Centro de Derecho para Inmigrantes de Nuevo México.

“Pero, a su llegada, fueron detenidos y encerrados como prisioneros en Cibola, que anteriormente era una prisión de mínima seguridad, literalmente viviendo en confinamiento”, indicó Wolf.

“El acceso limitado que tenían al mundo exterior era solo cuando tenían dinero para teléfonos públicos o un abogado de asilo, que habían organizado antes de ser detenidos”, acotó.

CoreCivic posee y opera instalaciones de detención y prisión en todo el país, frecuentemente a través de contratos con el gobierno local, estatal o federal.

En 2017, la compañía reportó $1.84 mil millones en ingresos, con un 48 por ciento proveniente de contratos con agencias federales.