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Demandan al estado de California por no otorgar igualdad de oportunidades educativas a las minorías

(Los Angeles Times)

Si las familias californianas quieren probar que sus hijos provenientes de la minoría y de bajos ingresos no están recibiendo calidad de educación de parte de las autoridades del estado, estos lo pueden hacer a través de la corte, dice la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Ivette Palazuelos.

El fallo de Palazuelos permite que los padres puedan probar a traves de una demanda, que cientos de miles de niños estudiantes son discriminados en sus programas educativos y por la falta de fondos.

La demanda, presentada en diciembre en nombre de los estudiantes de escuelas primarias y sus familias en dos distritos en Los Ángeles y Stockton y de una escuela autónoma en el condado de Los Ángeles, tiene a un niño de 7 años de segundo grado como demandante principal, el que no podía deletrear palabras como “necesidad” y “ayuda”.

La queja agrega que algunos estudiantes de Stockton inclusive comienzan a llorar cuando se les pide que lean en voz alta en clase. Enfatiza también que 11 de los 26 distritos escolares de menor rendimiento del país se encuentran en California, los cuales también se ubican en lugares de bajos recursos.

El abogado Mark Rosenbaum, de la organización sin fines de lucro Public Counsel, presentó la demanda junto con el bufete de abogados Morrison & Foerster.

“Este caso no se trata de dinero. Se trata de quién puede aprender en California”, dijo Rosenbaum.

“Si eres un niño de color o de una familia de bajos ingresos, no tienes la misma oportunidad”, señaló.

De ganar la demanda, la organización mostraría que existe una violación de la Constitución del estado donde las minorías y los estudiantes de bajos ingresos se quedan atrás con respecto a la alfabetización, por lo que se les niega su derecho a la educación.

Bill Ainsworth, un portavoz del superintendente de la escuela estatal Tom Torlakson, calificó el fallo como “decepcionante” y dijo que el departamento de Torlakson, junto con la Junta de Educación del estado, “revisarán todas las opciones legales para seguir adelante”.

El Departamento de Educación del estado trató de desestimar la demanda, diciendo que California tiene uno de los programas más fuertes del país para atender a estudiantes de bajos ingresos y gasta más de 10 mil millones al año en programas para estudiantes de inglés.

También señalaron un fallo de la corte de apelaciones del estado en 2016, en un caso separado, que determinó que la Constitución de California no garantiza el derecho a la educación pública en ningún nivel particular de calidad.


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