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Activistas se vuelcan en contra del plan que elimina el control de renta en California

(AP)

Varias organizaciones de justicia social, cámaras de negocios y hasta activistas veteranos, lanzaron esfuerzos para detener la aprobación de la Proposición 10, en la boleta de noviembre.

De acuerdo a los activistas, la “iniciativa defectuosa” dañaría a los propietarios e inquilinos, así como empeoraría la crisis de vivienda si es aprobada.

La coalición presentó recientemente su argumento electoral oponiéndose a la Proposición 10 ante el Secretario de Estado de California, citando una serie de fallas que perjudicaría a inquilinos, propietarios y comunidades de color y de bajos recursos.

“Decenas de miles de inquilinos, incluidos ancianos y otros con ingresos fijos, podrían verse obligados a abandonar sus apartamentos y comunidades en virtud de la Proposición 10", dijo Alice Huffman, presidente de la Conferencia Estatal de California de la NAACP.

De acuerdo a Huffman, la referida proposición “permite a los propietarios corporativos adinerados convertir apartamentos en condominios y alquileres de vacaciones a corto plazo”.

Si la medida obtiene la mayoría de votos a favor, esta “aumentará el costo del alquiler y hará aún más difícil encontrar viviendas asequibles. La Proposición 10 es todo menos accesible para los californianos”.

Asimismo, John Gamboa, presidente de Community Builders, indicó que la proposición no hace nada para construir nuevas viviendas asequibles que las familias de California necesitan desesperadamente

“En cambio, limitará la construcción nueva, impondrá tarifas a la vivienda y aumentará el costo de la vida de miles de californianos. Es por eso que exhortó a la gente a votar ‘no’ sobre la Proposición 10", enfatizó Gamboa.

De acuerdo con un análisis de la iniciativa del analista legislativo no partidista de California, los propietarios de viviendas de alquiler, según la Proposición 10, tienen más probabilidades de convertir sus propiedades a condominios u otras formas de propiedad, resultando en un menor número de casas disponibles para rentar.

“California ya está sufriendo una crisis de vivienda”, agregó Robert Apodaca, director ejecutivo de United Latinos Vote. “La Proposición 10 aumentará aún más el costo de la vivienda, y hará que California sea aún más inasequible para los que viven con sueldo a sueldo”.

En resumen, enfatizan los activistas, la Proposición 10 deroga las protecciones que los propietarios han disfrutado por más de 20 años.

También creará hasta 539 juntas y comisiones de alquiler locales para imponer nuevas regulaciones y tarifas de control de alquileres sin un voto local, otorgando a estas nuevas comisiones fuerzas ilimitadas para agregar tarifas a la vivienda, en última instancia, aumentando los alquileres y encareciendo las viviendas y los apartamentos.

“La Proposición 10 podría dañar a los propietarios al autorizar una nueva burocracia gubernamental, que pueda decirles a los propietarios qué pueden y qué no pueden hacer con su propia residencia privada”, agregó Dave Walsh, Tesorero de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California.

“Podría hacer que las casas sean más caras para los futuros compradores y perjudicar a las familias que intentan comprar su primera casa”, añadió.

Para Frederick A. Romero, comandate estatal del American G.I Forum, la proposicion tambien daña a los veteranos de las Fuerzas Armadas, ya que al regresar de sus servicios muchos luchan por encontrar viviendas asequibles en el Estado Dorado.

Argumentan, también, que la Proposición 10 podría agregar decenas de millones de dólares en costos nuevos a los gobiernos locales y le costaría al estado millones más en ingresos perdidos.

En consecuencia, esto significa menos dinero para escuelas y servicios de emergencia, reducción de la construcción de nuevas viviendas y la pérdida de miles de trabajos de construcción bien remunerados.

Sin embargo, el Partido Demócrata de California votó recientemente para respaldar la Proposición 10, ya que sostienen derogaría la Ley de Vivienda de Alquiler Costa-Hawkins de control de alquileres, y devolvería el poder regulando los alquileres a las comunidades locales.

Con más del 95% de los votos emitidos por los miembros de la Junta Ejecutiva del Partido Demócrata de California, apoyan esta medida.

“Asegurar el respaldo del Partido Demócrata es enorme”, dijo Joe Trippi, de Trippi Norton Rossmeissl Campaigns, estratega principal de la campaña “Yes on 10".

“El endoso del partido ayuda a dejar en claro que está de pie con los millones de californianos que luchan por pagar el alquiler, y respalda el regreso del poder para responder a la crisis de asequibilidad de vivienda del estado a la gente y de vuelta a las comunidades locales”, agrega.

La Proposición 10, la Ley de Vivienda Asequible, es una iniciativa en la votación de noviembre para derogar la Ley de Vivienda de Alquiler Costa-Hawkins, firmada hace 23 años.

Costa-Hawkins impide que las ciudades y condados apliquen el control de alquileres en apartamentos construidos después de 1995 o en unidades de alquiler y condominios unifamiliares.

También permite a los propietarios aumentar el alquiler tanto como quieran cuando una unidad queda vacante.

A juicio de Stuart Waldman, presidente de la Asociación de Industria y Comercio del Valle, nadie gana según esta proposición.

“La Proposición 10 dificultará que los inquilinos encuentren viviendas asequibles en el Valle de San Fernando, tradicionalmente un área de Los Ángeles que ha sido un lugar asequible para las familias de clase media”, dijo.

Waldman sostiene que los propietarios se verán obligados a cambiar sus propiedades a otros usos, como alquileres de vacaciones o condominios debido a la onerosa incertidumbre de cientos de comisiones y comisiones de alquiler no elegidas.

“La Proposición 10 es defectuosa y solo agravará la crisis de la vivienda, y evitará que millones de dólares en desarrollo y nuevos empleos ingresen al área”, concluyó.


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