Activistas culpan al Congreso por cancelación de TPS para salvadoreños

Tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 200 mil salvadoreños, los activistas proinmigrantes condenaron la acción de la administración de Donald Trump, y arremetieron contra el Congreso alegando que no hizo nada para detener las órdenes del gobierno.

Los salvadoreños tienen ahora hasta el 9 de septiembre del 2019 para dejar el país o enfrentarán la deportación, sostuvo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después de dar a conocer la respuesta.

“Como titulares del TPS estamos seguros de una cosa: No importa qué decisión haya tomado el DHS, mostros nos conservamos en guardia y estamos preparados para pelear por los cambios que nos lleven a la residencia permanente”, aseguró Rosa Cecilia, miembro de la Alianza Nacional del TPS (NTPSA).

“Nuestra pelea solamente se hace más fuerte tras esta decisión”, remarcó.

Representantes NTPSA señalaron que no fue sorpresa la decisión de Trump, ya que desde el inicio de su mandato ha estado buscando diferentes estrategias para atacar a la comunidad inmigrante.

Sin embargo, adujeron que “el hecho de que el Congreso no haya hecho nada es más devastador por haber fallado en aprobar una legislación que ayudara a este sector”.

Asimismo, miembros del Sindicato Internacional de Trabajadores (SEIU), se lanzó en contra del Congreso enfatizando que “debe de ponerse a trabajar”.

“Miles de personas en nuestras comunidades, nuestros compañeros de trabajo, nuestros miembros y sus familias corren el riesgo de verse obligadas a abandonar sus trabajos y a la lista de deportaciones sin razón”, dijo Rocío Sáenz, vicepresidente de SEIU.

Sáenz prometió que el sindicado va a “quemar las líneas telefónicas” para impulsar la acción de los políticos, porque “si los miembros del Congreso no actúan ahora, los haremos responsables en las urnas”.

“El Congreso debe ponerse a trabajar de inmediato para brindar alivio a estas personas que han trabajado legalmente durante tanto tiempo al cuidar a los enfermos y ancianos, limpiar nuestros edificios, enseñar a nuestros hijos y, en general, hacer de nuestra nación un mejor lugar para vivir”, agregó.

Funcionarios del DHS dijeron que a 262,500 salvadoreños se les han otorgado permisos TPS, pero cálculos recientes indican que la cantidad de personas que residen en el país con ese estatus es más cercana a los 200 mil.

La declaración de la agencia federal también señaló que el gobierno de Estados Unidos ha deportado a más de 39 mil salvadoreños en los últimos dos años.

A pesar de que más de 100 miembros del Congreso y más de dos docenas de senadores, republicanos y demócratas, instaron a la Casa Blanca a extender el TPS, así como han advertido que la cancelación del TPS separará a muchas familias, altos funcionarios del DHS dijeron que el impacto de la decisión no formaba parte de su trabajo.

“Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la falta de un estatus migratorio legal duradero de aquellos actualmente protegidos por TPS”, afirma la declaración del gobierno.

“La terminación retrasada de 18 meses le dará tiempo al Congreso para diseñar una posible solución legislativa”, agrega.

A pesar de que varios congresistas tacharon de injusta e inhumana la acción federal, aún no hay un consenso entre los políticos para hablar en la mesa sobre una reforma para los amparados a este programa.

El representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), le llamó a la cancelación “una movida vergonzosa y cínica”, cuyo propósito era “sumar puntos políticos con la base republicana de extrema derecha”.

El representante Mario Diaz-Balart (republicano por Florida) dijo que pidió a la administración Trump a “reconsiderar” la decisión TPS.

“Desde 2001, estas personas se han establecido en los Estados Unidos, haciendo innumerables contribuciones a nuestra sociedad y nuestras comunidades locales. Sería devastador enviarlos a casa después de haber creado una vida humilde para ellos y sus familias”, dijo Diaz-Balart.