8 cosas que debes saber sobre el plan que le niega ‘la tarjeta verde’ a los usuarios de beneficios públicos

Las críticas y el repudio no se han dejado de mostrar para el plan de Donald Trump, que les niega las residencias a los usuarios de beneficios públicos.

Inclusive, algunas organizaciones ya están planeando cómo congelar este plan.

Arturo Vargas, director de NALEO Educational Fund, indica que la propuesta de alterar la definición de la regla de ‘carga pública’ tiene como objetivo evitar que los inmigrantes y latinos que legalmente buscan asistencia médica, alimentos, vivienda y otra asistencia pública, obtengan su tarjeta verde o visas temporales.

“Esta nueva regulación favorecería a los ricos, al tiempo que desestima las enormes contribuciones que los inmigrantes recientes hacen a la economía de nuestro país como trabajadores, empleadores y cuidadores”, dice Vargas.

“La ley federal siempre ha exigido que aquellos que buscan un estado de inmigración legal demuestren que no serán dependientes de los beneficios públicos. De hecho, el uso de beneficios públicos por parte de no ciudadanos nunca ha sido generalizado ni costoso”, enfatiza.

En general, muchos beneficiarios de asistencia pública deben trabajar y vivir en Estados Unidos durante al menos cinco años para poder recibir los beneficios. De acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias, el inmigrante reciente promedio contribuirá 150,000 más en impuestos a lo largo de la vida de lo que recibirán de cualquier beneficio público.

“Lucharemos vigorosamente contra la adopción de esta regla.

Por su parte, la Alianza Nacional para los Nuevos Americanos (NPNA) condena enérgicamente la regulación.

“Este es un ataque muy desagradable de una administración que se enorgullece de sus crueles ataques contra los inmigrantes y refugiados más vulnerables”, dice Stephen Choi, copresidente de la Asociación Nacional para Nuevos Americanos. “La administración está cumpliendo su promesa de excluir a los hambrientos, atacar a los cansados y penalizar a los pobres”.

NPNA ha prometido movilizar a sus miembros y aliados en todo el país para oponerse a esta regla propuesta así como capacitar a los equipos de servicios legales para educar a sus comunidades.

Lo que debe saber:

• La regulación propuesta limitaría a aquellos que pueden recibir el estatus de residencia en base a la clase, y forzaría a los solicitantes a elegir entre el estatus de residencia o recibir beneficios de salud, nutrición y vivienda.
• La regulación aún no se propone formalmente, y una vez que sea así, el público tendrá 60 días para comentar. La administración de Trump luego publicará la regulación en el Registro Federal, convirtiéndola en ley a partir de la fecha efectiva de la regulación.
• La nueva regla ampliaría la lista para incluir algunos programas de seguros de salud, alimentos y vivienda. Específicamente, penalizaría a los solicitantes de tarjeta verde por usar Medicaid, un plan de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos.
• Las sanciones no se aplicarían por usar Medicaid en ciertas emergencias o para algunos servicios de Medicaid brindados a través de escuelas y programas de discapacidad.
• El uso de cupones de alimentos, la asistencia de alquiler de la Sección 8 y los cupones de vivienda federales también contarían contra los solicitantes.
• La inscripción en un subsidio del programa Parte D de Medicare para ayudar a las personas de bajos ingresos a comprar medicamentos recetados también les perjudicaría.
• El Departamento de Seguridad Nacional estima que 382,600 solicitudes de tarjeta verde por año estarían sujetas a la nueva prueba de carga pública (y 517,500 solicitudes adicionales para otros tipos de visas podrían someterse a una versión de la prueba a discreción de funcionarios de USCIS).
• ¿Qué pasa si ya tengo una tarjeta verde y estoy recibiendo beneficios? No puede perder su tarjeta verde solo porque usted, su hijo u otros miembros de la familia usen los beneficios de manera adecuada. Y no se le puede negar la ciudadanía estadounidense por recibir beneficios legalmente. Pero pude tener un problema si sale de Estados Unidos durante más de 6 meses y trata de volver a ingresar al país.

La Supervisora de Los Úngeles, Hilda L. Solís presentó este martes una moción para desarrollar la respuesta del Condado a este último ataque.

“Esto es una traición de nuestros valores americanos y afectará negativamente la capacidad del Condado de Los Ángeles de proveer servicios importantes a todos los que estamos obligados a servir”, dice.

Al mismo tiempo, The Immigrant Legal Resource Center, somete comentarios públicos para oponerse al plan.

Erin Quinn, abogado de Legal Resource Center, sostiene que el plan es inaceptable.

“Todos nos beneficiamos de las comunidades sanas y debemos proteger a esta población que ya está desatendida, sin amenazar su capacidad de vivir legalmente en este país si tienen acceso a las pocas garantías de salud y seguridad disponibles para ellos”, dice Quinn.