$10,000 en multas para empleadores que expongan a sus trabajadores a ‘la migra’

Juan Rodríguez trabaja en un supermercado en el que asegura hay más de cinco trabajadores indocumentados como empleados.

Su temor es que a la hora de las amenazantes redadas que el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) ha venido anunciando, se lo lleven a él y sus compañeros sin tener el apoyo de sus jefes.

“Como inmigrante indocumentado, conozco que una nueva ley en California protege a los trabajadores, y les pide a los empleadores que sigan varios pasos para no exponerlos a la migra”, afirmó.

“Pero en realidad no estoy seguro si mis jefes conocen las leyes, o si las van a ignorar por miedo”, agregó Rodríguez, quien trabaja en el condado de Orange.

A unas cuantas millas, en Riverside, otro trabajador indocumentado que se identifica como Manuel V., asegura que también teme ser entregado a “la migra” por sus propios jefes en una eventualidad.

“No me siento protegido, pero qué puede hacer uno más que pedir a diario regresar a la casa con bien”, dice Manuel.

En ese sentido, las autoridades de California emiten la advertencia de que todo empleador que ayude a las autoridades federales de inmigración con represalias migratorias, puede enfrentar repercusiones legales e inclusive multas desde los $2,000 hasta los $10,000.

Las multas forman parte de la Ley de Protección al Trabajador Inmigrante, que entró en efecto el primero de enero.

La ley escrita por el asambleísta David Chiu, protege a los inmigrantes indocumentados de ser deportados en su lugar de trabajo y les impide a los empleadores cooperar con las autoridades federales de inmigración, a menos de que las autoridades hayan presentado primero órdenes y citaciones.

“Los empleadores, que voluntariamente sometan información sobre sus empleados o al acceso a sus empleados de maneras que contradicen nuestras nuevas leyes de California, están sujetos a la ley”, dijo Xavier Becerra, fiscal general del Estado Dorado.

Tras la advertencia de Becerra, el republicano que aspira a gobernador de California, el asambleísta Travis Allen (R-Huntington Beach), ha pedido el arresto y cargos contra el fiscal, por amenazar con enjuiciar a los empleadores que cumplen con la ley federal de inmigración

Allen indica que Xavier está “tratando penalmente de obstruir la justicia al amenazar con enjuiciar a los dueños de negocios respetuosos de la ley bajo una nueva ley estatal”, sostiene.

Asimismo, otras agencias en contra de la inmigración indocumentada, aseveran que las autoridades de California, deben ceder a trabajar con ‘“a migra”.

“No hay base legal para que el fiscal general de California amenace a alguien por cooperar con una agencia de cumplimiento de la ley debidamente autorizada”, se queja Ira Mehlman, miembro de la Federación para la Reforma de la Inmigración (FAIR).

Para varios trabajadores indocumentados, lo importante es educar a los empleadores en el ambiente hostil actual.

“De nada sirven las leyes si los empleadores no saben cómo reaccionar cuando llega la ‘migra’”, dice Manuel.

Con esta preocupación en mente, el Departamento de Justicia del estado y la Oficina del Comisionado Laboral de California planean ofrecer orientación formal a todos los empleadores, públicos y privados a través de notificaciones de responsabilidad bajo la nueva ley, pero aún no han dado a conocer cuándo van a diseminar esta información.

Por su parte, varias organizaciones proinmigrantes continúan una campaña, iniciada en octubre, para enseñarle a los propietarios de empresas a responderle a “la migra” en caso de redadas en sus negocios.

“Mientras que los empleadores y los trabajadores inmigrantes necesitan dejarle de temer a las redadas, tiene sentido estar preparados y tener un plan para saber qué hacer si aparece ICE en sus puertas’’, dijo Nayantara Mehta, abogada del National Employment Law Project (NELP).

La ley actual para empleadores:

▪ Requiere que los empleadores soliciten una orden a los agentes de inmigración antes de otorgar acceso a un sitio de trabajo.

▪ Impide que los empleadores compartan voluntariamente información confidencial de los empleados sin una citación.

▪ Requiere que los empleadores notifiquen a sus trabajadores antes de una auditoría federal de los registros de los empleados.

▪ Le otorga al fiscal general y al comisionado laboral la autoridad exclusiva para hacer cumplir las nuevas disposiciones de las leyes laborales estatales.

▪ Prohíbe a los empleadores volver a verificar la información en los formularios de verificación de empleo, a menos que la ley federal lo obligue

Para más información sobre NELP llamar al teléfono 650.580.1869 o al 213.241.8817.

La guía, disponible en línea se encuentra en el portal planforICE.com, disponible en cinco idiomas.